Vaticano pide transparencia en casos de abuso en México
La Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, creada por el papa Francisco para combatir los abusos dentro de la Iglesia, presentó este martes su primer informe anual.
El documento hace un llamado urgente a poner fin a la opacidad en los procesos eclesiásticos y agilizar la dimisión de religiosos involucrados en casos de abuso. Este informe surge de la revisión de 20 iglesias locales, entre ellas las de México y Colombia, que participaron en las visitas ad limina de 2023 al Vaticano.
El informe, según la Comisión, busca informar a las víctimas y a las iglesias de todo el mundo sobre las políticas y recomendaciones actuales en materia de protección y transparencia. Además, apunta a una transformación dentro de la Iglesia que permita una gestión más rápida y efectiva de los casos de abuso, aclarando la responsabilidad de cada autoridad dentro de la Curia Romana.
Una de las principales recomendaciones es facilitar el acceso de las víctimas a la información de los procesos, eliminando la opacidad que aún prevalece. Esto incluye garantizar que cada persona pueda conocer y acceder a la información relevante en su caso, siempre dentro del respeto a las leyes de protección de datos.
El informe también destaca la importancia de definir el concepto de "vulnerabilidad" en los casos de abuso, dado que no solo involucra a menores, sino también a adultos en situación de vulnerabilidad. La Comisión propone que la Iglesia trabaje en una definición clara y uniforme de este término para asegurar una protección inclusiva.
Además, el documento sugiere agilizar los procesos de dimisión de líderes religiosos cuando se les encuentre responsables, así como revisar las políticas de compensación a las víctimas. Estas medidas buscan establecer un proceso más riguroso y efectivo en el acompañamiento y sanación de las víctimas de abuso.
En el caso de México, la Comisión identificó varios desafíos, como la existencia de barreras culturales que obstaculizan la denuncia y la confianza en el sistema judicial. Por ello, se recomienda fortalecer la colaboración con autoridades civiles, en particular con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), y establecer mecanismos de verificación en todos los niveles de la infraestructura diocesana.
El informe concluye con la necesidad de establecer un "enlace activo" de comunicación con las víctimas y una formación continua en protección para todos los agentes de pastoral. Estas medidas, de acuerdo con la Comisión, son esenciales para construir una cultura de tutela y avanzar en la erradicación de los abusos dentro de la Iglesia.
