El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó una sanción económica contra Jorge Álvarez Máynez, ex aspirante a la Presidencia de México, y el partido político Movimiento Ciudadano
En esta resolución también se ve involucrado el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien utilizó sus redes sociales para promover al candidato durante el periodo de campañas, violando las reglas de imparcialidad electoral.
La decisión del pleno del TEPJF ratificó el fallo emitido previamente por la sala regional especializada, que señaló que el gobernador usó su posición como titular del Ejecutivo estatal para beneficiar políticamente a Álvarez Máynez. Según la sentencia, Samuel García aprovechó tanto su investidura como sus redes sociales, no solo para expresar apoyo, sino también para generar una ventaja electoral, lo que constituye un uso indebido de estas plataformas.
La sanción económica impuesta a Jorge Álvarez Máynez es de 150 UMAS (Unidad de Medida de Actualización) vigentes, equivalentes a $16,285.50 (dieciséis mil doscientos ochenta y cinco pesos 50/100 M.N.), derivado de la vulneración a la veda electoral
El caso ha generado atención porque las redes sociales de García, aunque parecen personales, funcionan como una extensión de su actividad oficial. Estas cuentas, que usualmente son utilizadas para informar sobre acciones de gobierno, se convirtieron en una plataforma de promoción electoral durante las campañas. Por esta razón, el tribunal concluyó que su conducta afectó la equidad en la contienda, un principio fundamental para garantizar elecciones democráticas y justas.
En la resolución, se destacó que el gobernador no tiene un superior jerárquico que pueda imponerle sanciones administrativas, lo que llevó al TEPJF a remitir el caso al Congreso local de Nuevo León. Será esta institución la que evalúe el tema y determine las acciones legales o disciplinarias pertinentes contra el mandatario estatal.
El fallo también refleja la creciente relevancia de las redes sociales en la política mexicana. Cada vez más, estas plataformas son utilizadas por figuras públicas no solo para interactuar con los ciudadanos, sino también como herramientas de influencia política.
En una resolución relacionada con el entonces candidato Samuel García, el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso inicialmente una multa debido a las publicaciones en redes sociales realizadas por su esposa, Mariana Rodríguez, durante su campaña electoral. La sanción ascendía a $448,996 MXN para Samuel García y $55.4 millones MXN para su partido, Movimiento Ciudadano. Sin embargo, dicha multa fue impugnada.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revisó el caso y resolvió que ni García ni su partido debían pagar la sanción. El argumento principal del tribunal fue que las publicaciones realizadas por Mariana Rodríguez estaban protegidas por el derecho a la libertad de expresión y no podían considerarse como aportaciones ilegales a la campaña, ya que no hubo un intercambio económico detrás de las publicaciones.
El Instituto Nacional Electoral (INE) había señalado que Mariana Rodríguez, influencer y empresaria registrada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), realizó aportaciones significativas a la campaña de Samuel García mediante su actividad en redes sociales. Según el INE, esto incluyó 45 fotografías y 1,300 historias publicadas en su cuenta de Instagram durante el período de la campaña