Las autoridades mexicanas enfrentan una complicada situación en el tema migratorio, derivada de un discurso y acciones contradictorias conforme se avanza de sur a norte en el país. Esto ha propiciado críticas a su actuación por parte de organismos defensores de los derechos de quienes cruzan el país en búsqueda del sueño americano.
En Torreón, tras la retención la semana pasada de un grupo de 42 migrantes por parte de elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Metropolitana y del Instituto Nacional de Migración (INM), la situación derivó en un necesario y urgente diálogo para evitar confrontaciones legales, mediáticas e incluso físicas.
Y es que en dicho operativo se amenazó a Concepción Martínez, coordinadora del Centro de Día "Jesús Torres", con detenerla por supuesto tráfico de personas.
La amenaza arrojó por resultado una andanada de críticas a la falta de criterio que impera entre agentes del INM y elementos de algunas corporaciones de seguridad, pudiendo escalar rápidamente a una serie de señalamientos por parte de las instituciones y organismos nacionales e internacionales con los que el centro de migrantes mantiene lazos desde largo tiempo atrás y que, le avalan por su labor humanitaria y seriedad.
De esta manera, tras alzarse la voz de alerta sobre una serie de "persecuciones" que ha realizado el INM junto con corporaciones de los diferentes órdenes de gobierno en las inmediaciones tanto del Centro como de los patios de Ferromex para "cazar" a los migrantes, se optó por establecer diálogo.
En este contexto, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, apuntó que Torreón es una ciudad inmersa en esta problemática por su ubicación geográfica, pero con un gobierno comprometido con la seguridad de la población, los migrantes y la manutención del orden:
"La Administración Municipal apoya siempre al orden. Somos una autoridad que es auxiliar, no tomamos decisiones, ellos, el Instituto Nacional de Migración de Migración es la autoridad en la materia y la autoridad federal también, nosotros somos auxiliares".
El primer desencuentro evidente entre quienes están obligados a hacer cumplir la Ley y los organismos que se afanan en ayudar a los miles de migrantes que pasan por la región, sin que ello les haga cómplices o promotores de este flujo migratorio, evidencia que la presión va en aumento y su solución no es fácil dadas las exigencias del gobierno estadounidense por aminorar el arribo de gente buscando asilo y lo permeable de nuestra frontera sur y una política bipolar del gobierno mexicano, que lo mismo los deja entrar y permite avanzar del sur al centro, que los detiene y amedrenta del centro hacia el norte.
El diálogo entre autoridades y organizaciones migrantes en Torreón es un paso positivo para evitar que la situación se agrave. Sin embargo, es necesario que las autoridades mexicanas adopten una política migratoria clara y coherente, que respete los derechos humanos de los migrantes y que sea efectiva para cumplir con los objetivos de seguridad y orden público.