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29 de Noviembre del 2024
Seguridad

Coahuila reserva información sobre controversial sistema de videovigilancia

Coahuila reserva información sobre controversial sistema de videovigilancia
Por: Deric Vaquera Villanueva
Torreón
27-08-2021

En 2017, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, anunció la instalación de un sistema de videovigilancia con reconocimiento facial como una medida para contener a los grupos criminales que quieran entrar a la entidad.

La empresa contratada fue la compañía china Dahua Technology a la que se le adjudicaron 600 millones de pesos, de los cuales se sabe que 273 millones fueron destinados a la instalación del sistema en la región de La Laguna y 285 para la región sureste.

El contrato de las 1,300 cámaras que se instalaron, de las cuales 425 se encuentran en La Laguna y 720 en la región Sureste, fue reservada por tiempo indefinido. Por lo que salvo la inversión señalada en La Laguna y el Sureste, no se sabe nada de cheques y facturas emitidas.

En La Laguna, 210 cámaras son de videovigilancia, 147 son cámaras lectoras de placas vehiculares, 22 son de reconocimiento facial y 46 de uso mixto. Mientras que en la región Sureste donde se encuentra la capital Saltillo se instalaron 720 cámaras: 425 de videovigilancia, 165 cámaras lectoras de placas, 54 de reconocimiento facial, y 76 de uso mixto.

Pese a las ventajas que resalta el Gobierno de Coahuila, la empresa Dahua tiene un historial controvertido. La empresa china se encuentra en la lista negra del Departamento de Estado de los Estados Unidos al ser señalada de contribuir con la represión y espionaje de grupos minoritarios en China. También fue acusada por una firma de ciberseguridad de enviar información de sus sistemas en todo el mundo a servidores en China sin autorización de los gobiernos locales. También sus sistemas de videovigilancia en Taiwán, Brasil y Colombia fueron hackeados en 2016.

En Coahuila, activistas han pedido que se desinstalen las cámaras por agravios a los derechos humanos, mientras que legisladores de oposición señalaron que no hay una ley para regular su uso donde se garantice que su aplicación no tendrá fines políticos y que los datos recabados serán manejados con confidencialidad.




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