En una situación alarmante, las instituciones de seguridad social del magisterio en Coahuila se encuentran en un estado crítico, con el Gobierno del Estado acumulando millones de pesos en deudas a pesar de las aportaciones de los beneficiarios. La crisis ha llegado a un punto donde la fuga de dinero es simplemente incosteable.
Desde la administración estatal de Rubén Moreira, pero especialmente durante la gestión de Miguel Riquelme, el estatus financiero de las instituciones magisteriales se ha desplomado, dejando a los trabajadores sin derechos laborales y enfrentando un sombrío panorama.
Gustavo García, miembro de la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila, señala la precaria situación de los servicios médicos: "Se carecen de médicos generales, especialistas, hay procesos de burocratización de los servicios que retrasan mucho la atención."
La Auditoría Superior del Estado de Coahuila ha presentado 43 denuncias penales que suman 2 mil 800 millones de pesos en irregularidades detectadas dentro del ejercicio presupuestal de las 4 instituciones de seguridad social del Magisterio. Sorprendentemente, no se ha encontrado a nadie culpable hasta ahora.
García agrega que el Gobierno estatal tiene deudas tanto con las pensiones como con el servicio médico, agravando la situación ya crítica: "El Gobierno del estado tiene adeudos con pensiones y las universidades tienen adeudos con pensiones, pero también con el servicio médico."
Una investigación de Esmeralda Sánchez para el Border Hub revela de manera precisa los adeudos que las instituciones públicas estatales tienen con el servicio médico magisterial. Entre 13 instituciones, incluyendo la Autónoma de Coahuila, la Narro y el Instituto Tecnológico de Saltillo, adeudan desde 2011 un total de 476 millones 080 mil 574.37 pesos.
En este contexto, la coalición de trabajadores de la educación pública está sosteniendo diálogos con el secretario de gobierno, Óscar Pimentel, en un esfuerzo por llegar a un acuerdo que ayude a rescatar su servicio médico. Sin embargo, el camino hacia una solución financiera viable se presenta largo y desafiante, especialmente dada la situación financiera actual del gobierno de Manolo Jiménez Salinas. La incertidumbre persiste mientras los educadores luchan por la supervivencia de sus derechos y servicios esenciales.