Confirman inocencia de Mónica Esparza, torturada por policías en Torreón
EL 12 de febrero de 2013, Mónica Esparza fue detenida arbitrariamente por agentes de la Policía Municipal de Torreón. Los elementos, abusaron de ella física y sexualmente, mataron a su pareja y desaparecieron el cuerpo.
A pesar de las violaciones a derechos humanos, Mónica fue encarcelada por el delito de posesión de armas de uso exclusivo del ejército. Estuvo presa siete años hasta que un juez determinó su inocencia y la dejó en libertad.
Posteriormente, la Fiscalía General de la República interpuso un amparo para que se volviera a revisar el caso. La indignación creció, la libertad e inocencia de Mónica se puso en duda.
Esta mañana, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez anunció que las autoridades determinaron la total inocencia de Mónica, cerrando un caso que marcó un precedente en materia de abusos policiacos en contra de personas inocentes.
Melissa Zamora, abogada encargada del caso, explicó qué es lo que sigue, y cuáles son los precedentes que dejará el emblemático caso.
"En voz de la propia Mónica, ella hasta ahora no ha expresado su intención de activar un proceso de reparación, Mónica siempre ha manifestado que para ella lo más relevante era recuperar su libertad y que también para ella lo que más le interesa es que se atiendan otros casos de mujeres que han vivido lo mismo que ella, sin embargo, el derecho de reparación es un derecho de Mónica".
El grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU ordenó la reparación integral del daño hacia Mónica, sin embargo, Esparza, en el uso legítimo de su voluntad, ha optado por dejar el infierno que pasó y continuar con su vida.
El caso de Mónica Esparza nos enseña muchas cosas y nos muestra cómo la tortura sexual contra mujeres ha sido una práctica reiterada e impune en el marco de la militarización de la seguridad pública en México, también trae a colación las consecuencias de estas violaciones graves a derechos humanos que persisten en la vida de muchas mujeres que son injustamente privadas de su libertad".
El día 12 de marzo de 2020, tras 7 años y un mes injustamente encarcelada, el juez federal Yuri Alí Ronquillo, reconoció su inocencia y ordenó su libertad inmediata. Las violaciones a derechos humanos por parte de corporaciones de seguridad y de procuración de justicia en México no se han detenido. Su caso, como el de muchas otras mujeres, sirve para visibilizar un fenómeno que continúa dañando la estructura social del país: la impunidad