- La omisión y complicidad del Estado contribuyen a la violación de los derechos humanos
- La militarización de la seguridad incrementó la violación de los derechos humanos
Por: Andrés Solis
México enfrenta una crisis de derechos humanos desde hace varias décadas.
Organizaciones de la sociedad civil advierten sobre la descomposición que ha experimentado la defensa y promoción de las garantías individuales en lo que va del presente siglo, ante la omisión y complicidad del Estado, sobre todo en materia de seguridad y atención a la salud.
Sandra Suaste, vocera de la red TDT, señala "si bien hace 20 años, hace diez años se hablaba de una crisis en materia de derechos humanos, pues por las múltiples violaciones que encontramos, ahora hablamos de otras magnitudes, que nos han llevado a hablar de una crisis humanitaria en todo el país".
Afirmaciones sustentadas en diversos estudios y revisiones de casos en todo el país, que documentan la vulneración de las garantías individuales y la tendencia creciente a que se cometan violaciones graves a derechos humanos; es decir, aumentan las conductas que atentan contra la vida, la integridad personal, la dignidad y la libertad y que de acuerdo con tratados internacionales, pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
En su informe "Graves Violaciones a Derechos Humanos: el tráfico legal e ilegal de armas a México", la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos denuncia que la militarización de la seguridad pública sólo ha incrementado los abusos contra la población civil, las detenciones arbitrarias y la desaparición forzada de personas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había advertido de esta crisis que se caracteriza por una situación de extrema de inseguridad y violencia en el territorio.
Nadin Reyes, integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta Encontrarlos, denuncia, "el caso de nuestros familiares es el caso de una desaparición forzada, mi padre Abundio Reyes Amaya, junto con el señor Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron desaparecidos de manera forzada el 25 de mayo de 2007 en el estado de Oaxaca".
Y agrega, "porque en su caso ya hay mucha documentación, evidencia de la participación de agentes estatales en su desaparición, o sea fue cometida esta desaparición por policías del Estado de Oaxaca, pero posteriormente fueron entregados al Ejército".
Y a esto se suma el aumento de las violaciones a los derechos de acceso a la salud.
Las instituciones de salud del gobierno federal encabezan la lista de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por negar el acceso a la salud, por malas prácticas médicas y muertes por negligencia.