El Ejecutivo Federal formalizó recurso contra suspensión de "Plan B"

La presidencia de la República, impugnó la decisión del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),  Alberto Pérez Dayán, de suspender la aplicación de las disposiciones contenidas en la reciente reforma electoral, en la elección a gobernador en el Estado de México y en Coahuila.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), calificó de "un fraude a la Constitución", la determinación del ministro Pérez Dayán, tras argumentar que el artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución prohíbe a ministros de la SCJN suspender efectos de una norma general".
A través de un comunicado, la dependencia federal, señaló que "las normas expedidas por el Congreso de la Unión solo pueden invalidarse mediante el voto de ocho ministros y está proscrito expresamente suspender sus efectos".
En el documento publicado,  la Consejería indicó que todas las autoridades del estado, incluidos los ministros de la SCJN, "están obligados a fundar y motivar sus decisiones, por lo que el ministro Pérez Dayán no puede apartarse de las reglas específicas que establecen las leyes al tramitar los medios de control constitucional", en ese sentido, expresó que la "legitimación del Poder Judicial se diluye cuando sus decisiones responden a posiciones políticas o personales".
La Consejería Jurídica de la Presidencia, expresó su preocupación ante la actuación del ministro Alberto Pérez Dayán, al no existir  "ningún hecho o indicio que demuestre la supuesta existencia de alguna afectación irreparable al sistema democrático o a los derechos fundamentales implicados".
Instó a los ministros que conforman la SCJN, a actuar dentro de sus atribuciones, "sin traspasar los límites que le impone la Constitución y las leyes. De esta manera se garantiza el orden constitucional y democrático".
De acuerdo a la Consejería de la presidencia, la suspensión otorgada por el ministro Pérez Dayán afecta gravemente el orden jurídico mexicano, al ir en contra de la división de poderes,  "pues sólo la determinación del pleno de la SCJN puede tener por efecto declarar la invalidez de una disposición general".
Por ello, "el Ejecutivo federal solicitó a la SCJN revocar la medida suspensiva al resultar contraria a los principios fundamentales del Estado de derecho", puntualizó en el comunicado.