Interpol va por la esposa y hermanos de García Luna
Linda Cristina Pereyra, esposa del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna y los hermanos del exfuncionario: Humberto, Luz María, Esperanza y Gloria, son buscados en más de 180 países por la Interpol, ya que se emitió una ficha roja para su localización internacional por el supuesto desvío de más de 5 mil millones de pesos del erario público mexicano.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que están vigentes tres órdenes de aprehensión contra el exfuncionario por delitos cometidos en México y que además investigan a más de 50 personas por peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, todos por casos relacionados.
El Ministerio Público Federal informó que, tras las indagatorias a García Luna, familiares y ex colaboradores, "varias de esas personas ya se encuentran vinculadas a proceso y se han librado fichas rojas para quienes se fugaron del país".
De acuerdo con la FGR, hay diversos bienes inmuebles asegurados y cuentas bancarias bloqueadas. "Las órdenes de aprehensión del ex funcionario y de sus cómplices que se dieron a la fuga se están tramitando con carácter de urgente ante las autoridades correspondientes, para obtener, en su caso, la extradición que procede".
Los mandamientos fueron emitidos por jueces federales por indagatorias distintas a las del proceso penal que Estados Unidos sigue al ex funcionario por narcotráfico.
También son casos diferentes al que litiga la Unidad de Inteligencia Financiera en Florida para recuperar "bienes producto de los delitos cometidos por dicha persona y sus familiares", informó la fiscalía.
Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la FGR una actualización sobre el estado de las investigaciones contra el ex funcionario.
La primera orden de aprehensión se da de la participación de García Luna en el caso Rápido y furioso, "en el que se introdujeron ilegalmente al país armas que han causado un gran número de muertos y daños irreparables a la justicia".
Otra orden es por la acusación de daño patrimonial "inmenso, que llegó a más de 64 mil 900 millones de pesos, en el caso de la construcción y operación de diversos penales federales, privatizados mediante gestiones de dicho individuo y sus cómplices".
Y la tercera orden de captura se da por la suscripción de 10 "contratos ilegales y abusivos de equipamiento de las cárceles públicas federales del país, cuyo daño se estima en 5 mil 112 millones de pesos".
