Jóvenes buscan amparos contra videocámaras de reconocimiento facial
Álvaro Cárdenas y Cristian Flores son dos abogados que fundaron en 2018 la asociación Formemos Ciudadanía A. C. para impulsar acciones desde la sociedad para resolver los problemas de la región. Este año ante la instalación de un sistema de videovigilancia por parte del Gobierno de Coahuila, Formemos decidió ampararse por la amenaza que esta herramienta representa a la sociedad.
"Estás cámaras tienen una característica bien importante que es lo que las hace inconstitucionales y es que tienen capacidad de reconocimiento facial y para que ellos te puedan reconocer tu cara significa que alguien les pasó tus datos biométricos. Entonces estos datos biométricos se los pasó el INE, el Instituto Nacional de Seguridad y las licencias de conducir sin nuestro consentimiento. Nadie nos avisó."
El cofundador de la asociación señaló que de ponerse en marcha esta tecnología en La Laguna, principalmente en Torreón se violaría uno de los derechos más importante de las personas, que es la privacidad, de la que se derivan el derecho a la libre expresión, la libertad de reunión y el de libre tránsito plasmados en la Constitución mexicana.
"Nosotros decimos que se viola el derecho a la privacidad, el derecho a la privacidad tiene rango constitucional y no solo tiene rango constitucional, es de los derechos más importantes del ser humano; está la dignidad humana y de ahí parte el derecho a la privacidad, ¿Por qué? Porque sin privacidad no tenemos nada, no tenemos autonomía."
Esta semana Formemos presentará alrededor de seis solicitudes de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, y la próxima semana presentarán en Saltillo una solicitud de amparo colectivo, en el que esperan sumar alrededor de mil ciudadanos interesados en proteger su identidad del nuevo sistema de seguridad del Gobierno de Coahuila.
"Nosotros estamos solicitando que se declare inconstitucional la instalación, operación, monitoreo, transferencia, obtención y tratamiento de nuestros datos personales en general. Nosotros estamos buscando una sentencia con efectos generales."
En las solicitudes de amparo se señala como probables responsables de atentar contra la privacidad de las personas a los ejecutivos del Ayuntamiento, Jorge Zermeño, del Gobierno del Estado, Miguel Riquelme, los titulares de Seguridad Pública municipal y estatal, el Centro Nacional de Seguridad Pública Plataforma México, el Instituto Nacional Electoral, entre otras, así como el Instituto Coahuilense de Acceso de Información y Protección de Datos Personales, por ser omiso al caso.
"Porque es el garante constitucional de proteger nuestros datos personales y ha sido omiso y cómplice, no ha dicho nada ante una de las violaciones más graves a los datos personales en la historia de este país, nos cuesta 50 millones de pesos ese instituto y no ha comentado una sola palabra sobre este caso."