Niegan amparo contra videocámaras con reconocimiento facial
El Poder Judicial de la Federación negó la suspensión provisional a la asociación Formemos en la solicitud de amparo contra el sistema de videovigilancia con reconocimiento facial que instala el Gobierno de Coahuila, informó Álvaro Cárdenas, representante de la asociación.
El juez responsable del caso negó la suspensión porque el Gobierno de Coahuila y el Ayuntamiento de Torreón negaron la instalación de las cámaras, hecho que denunciaron este lunes debajo de los dispositivos instalados en el puente peatonal de la avenida Juárez enfrente del Estadio Revolución.
"En los juicios de amparo nos respondieron las autoridades que no es cierto, que no es cierto que instalaron estas cámaras que están aquí detrás de nosotros de reconocimiento facial. Aquí tengo el informe que rindió Sergio Lara, a nombre de Zermeño, que dice que no es cierto que ellos se coordinaron con el gobierno estatal como lo han dicho ampliamente para instalar estas cámaras. También tenemos el informe rendido por el secretario de Seguridad Pública de Coahuila en el que niega que él opere estas cámaras a través del C4."
La asociación civil comentó que el juicio aún no concluye, y aunque el juez negó en primera instancia el amparo, falta que el gobernador Miguel Riquelme rinda su informe sobre el tema, por lo que esperan que se conduzca con honestidad y transparencia, de lo contrario presentarán la denuncia ante cortes internacionales.
"La realidad es que por ejemplo la Corte Europea al declarar inválidas estas mismas cámaras se declararon inválidas en Inglaterra y en Irlanda en un caso que se llama Big Brother en contra de Inglaterra. Estas mismas cámaras se declararon inválidas, ilegales e inconstitucionales porque no había un mecanismo jurídico que garantizara que los datos que se iban a recabar con estas cámaras se fueran a utilizar con fines lícitos."
Álvaro Cárdenas anunció que solicitarán los contratos que el Gobierno de Coahuila pactó con la empresa proveedora china para presentarla de prueba para y solicitar nuevos amparos buscando una suspensión definitiva que obligue a la administración estatal a retirar estos equipos.