Gobernadores siguen firmes en su afán de un nuevo pacto fiscal. Este martes el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, aplaudió que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, haya abierto la puerta a negociar el Pacto de Coordinación Fiscal con las entidades deL país, y afirmó que al menos esperan que se regrese al viejo modelo de distribución de recursos.
"Probablemente el Pacto nos afectaba, el Pacto Fiscal, el convenio de coordinación, sí, pero la compensación en proyectos nos tenía a todos trabajando y tranquilos. En este momento no tenemos una cantidad extraordinaria para la atención de la contingencia, todos los estados, a todos nos han pasado atribuciones mas no nos han pasado con qué."
El mandatario estatal aseguró que mientras la Federación dejó en sus manos el diseño e implementación de las políticas de prevención del contagio del Covid-19, y la decisión de cuando comenzar la reactivación económica, no han recibido recursos para la pandemia, por lo que han recurrido a realizar recortes y aplicar medidas de austeridad.
"Coahuila está fuerte, está sano en cuanto a la operación o el pago o del servicio de la deuda que es una carga extraordinaria para nosotros. Coahuila en este momento tiene estabilidad y estamos seleccionando lo que en este momento tiene prioridad que es la estabilidad económica, la salud y la seguridad pública."
Por otro lado, Riquelme Solís, dijo que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar inconstitucional la Ley de Servicio Médico, que permitía al Estado cobrar una parte de los servicios que prestaba a los trabajadores de la Educación como medicamentos y cirugías, tendrá una repercusión de 130 millones de pesos, por lo que ahora analizarán nuevas medidas para seguir ofreciendo servicios médicos de calidad, que podría tener un costo más elevado.
"Ahora tendremos que buscar una seguridad para ellos que también tiene un costo de aproximadamente 160 millones de pesos. Hay alrededor de 15 mil activos y ocho mil jubilados, maestros jubilados y pensionados. Buscaremos la mejor solución, somos respetuosos de la decisión de la Suprema Corte."
El gobernador dijo que anualmente el Servicio Médico Magisterial representa 250 millones de pesos, de los que 130 millones provenían de las cuotas y convenios que permitía la Ley que anuló la Suprema Corte.