Se manifiestan para defender al INE en Torreón
Miles de laguneros se congregaron en la Plaza Mayor de la ciudad de Torreón para unirse a la convocatoria nacional promovida por organizaciones civiles y políticos opositores al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
A las 11 de la mañana, miles de personas con pancartas y playeras rosas llegaron a la sede del gobierno municipal para cantar el himno nacional, escuchar las intervenciones de los organizadores y para registrarse en un padrón que ayudará a presentar un "Amicus Curiae" a la Corte, de tal manera que se pueda solicitar, desde la ciudadanía, la cancelación del plan b de la reforma electoral.
En el acto estuvieron presentes personajes de panismo local, tales como Guillermo Anaya, ex candidato a la gubernatura de Coahuila, Jorge Zermeño Infante, ex alcalde de Torreón y Fernando Izaguirre, ex diputado local por Acción Nacional.
Asimismo, en el templete también tuvo una intervención la presidenta de Participación Ciudadana 29 Laguna, Patricia Tobías, en la que comentó que se debe cancelar el plan b de la reforma porque éste adelgaza las capacidades operativas del INE.
¿Qué propone el plan b de la reforma electoral?
?El plan b de la reforma electoral es una alternativa que tomó el gobierno del presidente López Obrador para modificar leyes secundarias que norman y rigen al Instituto Nacional Electoral.
La iniciativa, que ya fue aprobada por el Senado, obliga al Instituto a eliminar cerca de 300 juntas distritales, además, también propone la reducción de la estructura de las 32 juntas locales que hay en México, despidiendo a 262 personas.
Además, se disminuyen los recursos para capacitar a los funcionarios de casilla, situación que implica un recorte del 84% del Servicio Profesional Electoral Nacional, es decir, se eliminarían alrededor de 1,500 puestos de trabajo.
Se reduce de sobremanera el presupuesto para propaganda gubernamental, pero se deja abierta la posibilidad de que el dinero que no sea etiquetado, se utilice para dicho fin sin importar que se estén llevando a cabo campañas políticas. Esto, por consecuencia, podría limitar al árbitro electoral a sancionar a funcionarios públicos que públicamente se expresen a favor de un candidato.
