En medio de una encrucijada ambiental y social, el proyecto "Agua Saludable" emerge como una medida paliativa, aunque no exenta de controversias, para mitigar la crisis hídrica que asola la región de La Laguna, México. La iniciativa, promovida por diversas instancias gubernamentales y respaldada por actores del sector agroindustrial, busca abordar la sobreexplotación del acuífero principal, pero ¿es suficiente para enfrentar los desafíos a largo plazo?
La acción legal ha sido una estrategia clave en este debate. La Suprema Corte de Justicia de la Nación intervino, obligando a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a elaborar un plan para contrarrestar la explotación descontrolada del acuífero. Esto, tras la suspensión de ampliaciones de concesiones de agua gracias a las acciones de organizaciones que impulsaron un amparo. Sin embargo, la resistencia persiste: Germán Martínez, director de Conagua, fue multado por no cumplir con las directrices de la Corte.
El panorama es desafiante. Según Raymundo Rodríguez, gerente operativo de SIMAS Torreón, la situación actual es crítica, con un déficit hídrico difícil de revertir a corto plazo. A pesar de contar con un proyecto ejecutivo que promete mitigar el problema durante 25 años, las voces críticas, como la del abogado Luis Eduardo Pedroza, sugieren cautela: "De esas acciones que proponga la autoridad no van a ser las definitivas".
La magnitud del problema es evidente en los datos proporcionados por la Conagua. Mientras la recarga anual del acuífero se sitúa en 518.9 millones de metros cúbicos, la extracción alcanza los 1,221.8 millones de metros cúbicos. Esta desproporción, unida al consumo de agua con una antigüedad milenaria y la falta de recarga desde hace décadas, plantea interrogantes sobre la viabilidad a largo plazo de cualquier solución parcial.
Juan Ávalos, miembro de Prodefensa del Nazas, advierte sobre los límites del proyecto: "Le falta mucho alcance... no hace nada para mantener el acuífero principal". Este señalamiento cobra relevancia al considerar que el 85% del agua dulce de la región está destinada a la agroindustria, controlada por un reducido grupo de familias.
En última instancia, queda claro que "Agua Saludable" representa una medida urgente pero insuficiente para abordar la crisis hídrica en La Laguna. Sin una visión integral que aborde la sobreexplotación, la recarga natural y la distribución equitativa del recurso, el futuro ecológico y social de la región permanece en entredicho. La lucha por el agua en La Laguna es, en última instancia, un reflejo de las tensiones entre intereses económicos y derechos humanos fundamentales.