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La violencia en México sigue cobrando la vida de quienes forman parte de las fuerzas del orden.
De acuerdo con un informe reciente de la organización civil Causa en Común, al menos 132 policías han sido asesinados en el país durante lo que va del 2025. Esto equivale a un promedio de un policía asesinado cada día, y representa un incremento del 59% con respecto al mismo periodo del año pasado.
Entre los estados con más crímenes contra agentes policiacos se encuentra Jalisco, que ocupa la sexta posición a nivel nacional con ocho policías asesinados en el cumplimiento de su deber. Con esta cifra, el estado se mantiene dentro del top 10 de entidades con mayor número de ataques mortales contra elementos de seguridad.
Los estados más afectados por esta violencia son Guanajuato, con 17 policías asesinados; Sinaloa, con 16; Guerrero y Michoacán, con 10 cada uno; seguidos por el Estado de México, Jalisco y Tabasco, con 8 cada uno. Puebla y Oaxaca completan la lista con siete casos por entidad.
Uno de los hechos más impactantes se registró a principios de marzo, cuando un grupo armado emboscó a agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, dejando un saldo de dos policías muertos. Este ataque provocó una fuerte reacción dentro de la corporación, incluyendo protestas y la renuncia de altos mandos.
Tras los hechos, dejaron su cargo el subsecretario de Operatividad Policial, Gustavo Alonso González Zapata, conocido como "Sauce", y el secretario de Seguridad Ciudadana del municipio, Fernando Rosales Solís. En su lugar, asumió el cargo el coronel Félix Pallares Miranda, procedente del Ejército mexicano, quien fue respaldado públicamente por el gobernador Alejandro Armenta.
Ese mismo mes, en el municipio de Tecamachalco, otro ataque armado dejó un agente ministerial muerto y a otro herido, lo que evidencia el nivel de riesgo que enfrentan diariamente quienes forman parte de las corporaciones de seguridad.
Organizaciones civiles como Causa en Común han insistido en la necesidad de dignificar el trabajo policial en México, garantizar condiciones laborales más seguras y poner en marcha mecanismos efectivos de protección ante el creciente nivel de violencia. La cifra de 132 policías asesinados en poco más de tres meses del año refleja una situación crítica que, de no atenderse, podría seguir escalando.
Un juez de control vinculó a proceso a Julián de Jesús "NN", agente de 26 años de edad adscrito al Grupo de Reacción Torreón (GRT), por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido con alevosía y ventaja en contra de Rolando Medina, de 32 años.
El homicidio ocurrió durante un violento operativo de desalojo en el ejido Nuevo Mieleras. De acuerdo con las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el agente disparó contra Medina mientras este se encontraba en el piso y de espaldas, impactándolo en la pierna derecha, a la altura de la arteria femoral, lo que le provocó una hemorragia que terminó con su vida.
Durante la audiencia, que se prolongó por más de siete horas, el juez determinó que existen elementos suficientes para vincular al elemento del GRT a proceso penal. También ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, debido a que el imputado no cuenta con un domicilio fijo en la ciudad, lo que representa un riesgo de fuga.
Julián de Jesús fue reingresado al Centro de Reinserción Social Varonil de Torreón, donde permanecerá durante los tres meses que dura el plazo de investigación complementaria. La audiencia intermedia fue programada para el próximo 14 de julio.
A raíz de la ejecución y de la actuación de la policía de Torreón en la contención de las manifestaciones posteriores, la Fiscalía General de Coahuila abrió un módulo de atención en las instalaciones de la Delegación Laguna para que la ciudadanía presente denuncias y quejas contra posibles abusos de autoridad que haya cometido el Grupo de Reacción Torreón o cualquier otra corporación, en contra de la ciudadanía.
La organización Artículo 19, dedicada a la defensa de los derechos de periodistas y activistas en México y Latinoamérica, emitió una alerta para condenar las agresiones que sufrieron las reporteras Edith González, de Meganoticias Laguna y Mariana Mejía, de Horizonte Lagunero, por parte de elementos policiacos mientras realizaban la cobertura de una protesta pacífica el pasado miércoles 9 de abril.
"Estos hechos son claras violaciones a la libertad de expresión y al derecho a la información, especialmente en un contexto de creciente hostilidad hacia la prensa y, en particular, hacia las mujeres periodistas. El uso de la fuerza para obstaculizar su labor profundiza patrones de exclusión y censura", dice el comunicado.
Por ello, la organización exige al presidente municipal de Torreón, Román Alberto Cepeda, que rinda cuentas por la actuación del Grupo de Reacción Torreón y colabore plenamente en las investigaciones. A la Fiscalía General de Coahuila, para que inicie una indagatoria y castigue a los culpables de las agresiones, a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), ejercer su facultad de atracción del caso y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, contactar a las periodistas afectadas y otorgar medidas de protección adecuadas que garanticen su seguridad personal e integridad.