Campesinos denuncian 30 años del saqueo de agua

El seis de enero de 1992, el entonces Presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, reformó el artículo 27 de la Constitución para permitir la renta y traspaso de los derechos de agua de las presas que poseían hasta entonces los miles de ejidatarios del país. Para los agricultores ejidales, significó un atentado contra el legado del general Lázaro Cárdenas ya que aprovechándose de la pobreza de los ejidatarios permitieron el acaparamiento de agua por parte de los empresarios lecheros.

Así sucedió en el ejido La Pinta de Francisco I. Madero, donde de 260 campesinos 150 decidieron vender sus derechos de agua y los pequeños propietarios comenzaron a construir canales para desviar el agua a sus predios perjudicando al resto de los productores ejidales

"Ahorita están dando hasta 260 mil pesos por un derecho de agua, definitivo. Muy barato y le digo esa es la causa de que estemos sufriendo la necesidad de agua en todas las comunidades."

Además propició el despojo de estos derechos, ya que grandes productores ganaderos como Felipe López Negrete, quien también ha sido ligado a presunto actos irregulares en la asignación de convenios por parte de Liconsa, rentó los derechos de agua a los habitantes del ejido Plan de Rehabilitación del municipio de Tlahualilo Durango, pero después de algunos años dejó de pagar.

Fabiola Gutiérrez, abogada de la Central Campesina Cardenista, denunció la impunidad del gerente general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo, pues desde el 2015 que los ejidatarios ganaron la demanda contra el empresario, no han acatado la sentencia.

"Que si iba a seguir con ese círculo vicioso de ser omisos por parte del Tribunal Agrario de no hacer cumplir sus sentencias que hay ciclos y vienen ciclos y terminan los ciclos agrícolas y no vemos claro de que se liberen."