Caso Aguayo revela vulnerabilidad del gremio periodístico
La demanda contra Sergio Aguayo por parte del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, por daño moral a raíz de un artículo que escribió el investigador donde opinaba que el ex priísta desprendía un hedor a corrupción, tiene un impacto a nivel nacional por su efecto inhibidor a la libertad de expresión declaró el periodista lagunero, Javier Garza Ramos; quien dijo que en este caso la justicia mexicana está actuando en contra de lo que marcan los estándares internacionales.
"Ningún sistema de justicia, moderno al menos, reconoce que las opiniones deban ser castigadas, no permite que las opiniones sean castigadas porque una democracia se funda en el libre intercambio de opiniones."
Para el periodista también es relevante que el fallo a favor de Humberto Moreira lo hayan dictado desde el Poder Judicial de la Ciudad de México, ya que los integrantes de dicha judicatura han sido designados por administraciones afines al Presidente Andrés Manuel López Obrador, primero siendo parte del PRD y ahora de Morena, y que da indicios poco alentadores hacia dónde se inclina la llamada Cuarta Transformación.
"Realmente lo que abre la puerta es a un prospecto aterrador, que ahora cualquier funcionario público por cualquier cosa que un periodista diga de él vaya y presente una demanda y haya una judicatura que le dé la razón y que lo encuentre procedente así sea sobre una base muy débil."
Dado el precedente que está marcando el caso de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo, los frentes abiertos contra la libertad de expresión se van multiplicando, sumando a la intimidación por parte del crimen organizado, políticos o funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y hasta las descalificaciones del Presidente de la República en sus conferencias matutinas, la hostilidad del Poder Judicial apuntó Garza Ramos.
Para el periodista independiente, ante la vulnerabilidad del gremio periodístico, la solidaridad y la organización de quienes practican este oficio es fundamental para fortalecer un frente contra quienes buscan coartar la libertad de expresión.
"Somos un gremio unido para algunas cosas, desunido para otras cosas, pero hasta ahorita ha sido muy difícil que nos organicemos en un frente para hacer un frente común y tratar de resistir estos embates. También hay una realidad a nivel nacional, las realidades locales también van teniendo diferentes dinámicas porque las amenazas vienen de distintos frentes; hay lugares donde la principal amenaza proviene de grupos criminales, y hay lugares que la principal amenaza proviene a lo mejor de un gobierno estatal o de los alcaldes."
Javier Garza consideró, sin ser experto en la materia, que una alternativa para que la justicia le dé la razón a Sergio Aguayo y revierta la sentencia en su contra, es recurrir a la judicatura federal para que atraiga el caso y esperar que reconozcan lo absurdo del fallo del juez de la Ciudad de México; y así también sentar un precedente a favor del derecho a opinar.
Por su parte, la vocera de Participación Ciudadana 29, Patricia Tobias, opinó que este caso afecta el derecho de la ciudadanía de estar bien informada pues vulnera la capacidad de los medios de comunicación y de los periodistas de ejercer con libertad su oficio.
"A la ciudadanía nos interesa los periodistas que hablan, que informan, que emiten opiniones, que revelan información, entonces pues nosotros en la trayectoria que le hemos visto a Sergio Aguayo es de una persona que siempre se ha distinguido por su integridad."
Además recordó que la deuda adquirida durante la administración de Humberto Moreira por alrededor de 36 mil millones de pesos no se ha esclarecido, así como su presunta responsabilidad en los delitos por los que algunos de sus colaboradores en su gobierno, como Jorge Torres López y Javier Villarreal, han sido investigados y enfrentan procesos judiciales en España y Estados Unidos.