Coahuila: el respeto a los derechos humanos depende del pasaporte
Reportaje cortesía de Red es Poder
Ilustraciones por Miguel Sifuentes
"Porque la vida de los muertos consiste en la memoria de los vivos."
Marco Tulio Cicerón, filósofo
El ocaso de la tarde llegó a la colonia 5 de mayo de Saltillo al mismo tiempo que un tren proveniente de Monterrey, Nuevo León. Al percatarse de la escala en la capital coahuilense, un grupo de migrantes decidió descender de los vagones, ahí sus integrantes se encontraron con otros viajeros que esperaban en el camino.
Las personas de distintas nacionalidades tenían un objetivo en común: llegar a Piedras Negras, Coahuila, y cruzar la frontera hacia Estados Unidos.
"¿Ya comieron?", les preguntó una vecina del sector que se acercó a ellos y les ofreció que se echaran un taco antes de seguir su ruta.
Entre la comida y las anécdotas del viaje transcurrieron cerca de dos horas. El sonido de puertas abriéndose de una patrulla irrumpió en su descanso y, al girar la mirada, la figura de tres policías encapuchados los hizo entrar en pánico.
"¡Ahí viene migración!", fue el grito que los apuró a correr y a esconderse dentro de la maleza.
La cacería comenzó pronto y en cuestión de minutos cayó víctima Marco Tulio, un migrante hondureño que iba con su hija de nueve años. Se desplomó sobre suelo saltillense al recibir un impacto de bala por la espalda.
Una de las viajeras, quien llevaba a su propia hija, se percató de la caída y escuchó al migrante suplicar: "¡Sálvenme a la niña!".
La mujer no lo pensó dos veces, tiró su mochila, cargó a la otra pequeña entre sus brazos y corrió tan rápido como pudo hasta que un alambre de púas se cruzó en su camino.
"¡Ayúdenme, ayúdenme!", clamó ella a otro hombre que estaba cerca.
De inmediato las ayudaron a superar la barrera y corrieron hasta llegar a una zona habitada. Allí se encontraron con una mujer que les dio refugio.
Debajo de unos muebles, los migrantes permanecieron alrededor de media hora hasta que la dueña de la casa revisó por la ventana que ya no hubiera peligro. Ya sin moros en la costa, aquella saltillense ofreció pagarles el pasaje y, sin más por perder, tomaron dos taxis con rumbo a la Casa del Migrante en Saltillo.
Así fue como el ocaso de aquella tarde del miércoles 31 de julio de 2019 quedó manchado de rojo por la persecución, la violencia y la fuerza del Estado.
La vida de Marco Tulio terminaría y su viaje tomaría otro sendero, lejos de su hija y de Estados Unidos; no obstante, su frío asesinato arrojó luz sobre la política antimigratoria que la autoridad coahuilense había abrazado, una que incluye fuertes violaciones a los derechos humanos.
Culpar a la víctima
La muerte del hondureño Marco Tulio representa un parteaguas en el fenómeno migratorio en Coahuila, porque evidenció que la autoridad, antes de admitir su culpabilidad, optó por criminalizar a una víctima.
La recomendación 058/2019 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) documenta los detalles de la persecución, acoso y homicidio del centroamericano al que elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado le sembraron un arma y droga para justificar su ejecución.
En las conclusiones del informe merece especial atención que, aun cuando uno de los oficiales le disparó, fueron omisos de sus heridas y lo dejaron morir, pues no lo llevaron a una institución médica para recibir los primeros auxilios.
Las versiones preliminares de la Fiscalía de Coahuila fueron contradictorias: en un primer comunicado señaló que el migrante les había disparado a los policías y éstos respondieron a la agresión; posteriormente, en una rueda de prensa, el titular de la dependencia Gerardo Márquez Guevara atribuyó que fue durante una persecución entre los oficiales y presuntos vendedores de droga cuando encontraron el cuerpo de Marco Tulio.
La realidad era otra y la sostuvieron desde el principio los defensores de los derechos humanos. La primera institución en pronunciarse fue la Casa del Migrante de Saltillo, que mediante un comunicado exigió a las autoridades estatales y federales justicia por el asesinato, así como garantías de seguridad para los centroamericanos que presenciaron los hechos.
La causa fue abanderada de inmediato por organismos como Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México. Pero el Gobierno Federal optó por lavarse las manos y justificar de inmediato que en los hechos no participaron los elementos de seguridad de su competencia o de las autoridades migratorias.
Sin embargo, el caso llegó hasta Palacio Nacional gracias a los reporteros que cuestionaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y éste no tuvo más remedio que ordenar una investigación de lo sucedido.
No fue sino hasta que la presión social y mediática le dio la vuelta al mundo que el fiscal Gerardo Márquez Guevara rectificó y libró de toda culpa a Marco Tulio, por lo que ordenó la detención del elemento que lo privó de la vida.
"La víctima de este homicidio era inocente porque en ningún momento se advierte alguna agresión a los elementos de la Agencia de Investigación Criminal que participaban en un operativo relacionado con la localización de personas dedicadas a la venta de narcóticos", expresó Márquez Guevara en una rueda de prensa el 3 de agosto.
Aunque la autoridad estatal deslindó a la Federación de toda responsabilidad del homicidio, no puede explicarse lo que sucedió sin la política de contención y violación a los derechos humanos que habían emprendido de manera coordinada desde semanas atrás.
De los brazos abiertos a la persecución
Si algo caracterizó al arranque del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fue su discurso sobre una política de brazos abiertos y total respeto a los derechos humanos para las caravanas migrantes.
El contraste con las últimas semanas de la administración de Enrique Peña Nieto era evidente: los centroamericanos ya no eran acosados por las autoridades migratorias, en apariencia, y los gobiernos estatales tenían que alinearse a esa disposición.
Coahuila fue el modelo a seguir durante febrero del 2019, cuando recibió y atendió a un contingente de más de mil 600 personas provenientes principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador.
El gobierno estatal montó dos mega albergues para asistir a los viajeros: uno en Saltillo y otro en Piedras Negras, donde los migrantes recibieron atención médica, tres comidas al día y abrigo para pasar las noches frías de invierno.
El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, al igual que su círculo cercano de colaboradores, dio seguimiento diario al comportamiento de los migrantes, pero no pasó mucho tiempo para que mostrara su verdadero sentir.
El 7 de febrero, ante la prensa afirmó que la agrupación fue "atendida de manera humanitaria, pero también con mano firme, nadie por encima de la ley". Advirtió que no estaban dispuestos a recibir más centroamericanos por falta de capacidad y la caravana ya hospedada amenazaba con "ser un caos".
Sin embargo, el mandatario rehuyó los cuestionamientos sobre el costo que implicaba mantener a los viajeros y se limitó a decir que pediría más apoyo federal.
Los migrantes sintieron que no eran bienvenidos cuando se percataron que al menos 800 elementos de las policías Federal, Militar, Estatal y Municipal sitiaron el perímetro del albergue de Piedras Negras.
La tensión creció tras 10 días de contenerlos y evitarles continuar su camino en busca de una solicitud de asilo en Estados Unidos. Fue cuando un centenar de ellos intentó romper el cerco y tuvo roces con las autoridades, lo que dio paso a prohibir hasta las salidas controladas.
Conforme transcurrieron los días las opciones para desahogar el albergue aumentaron: aludiendo a la presencia de miembros de la Mara Salvatrucha deportaron a 25 centroamericanos y después otros escogieron regresar a sus países de origen o irse a otras fronteras mediante el apoyo de las autoridades.
Para el 19 de febrero el macro albergue concluyó actividades y la autoridad estatal presumió su actuación. Riquelme Solís destacó un gasto de 3.5 millones de pesos en las atenciones brindadas al contingente de más de un millar y medio de migrantes.
Pero lo ejercido dista mucho de ese discurso. A través de la solicitud 01344019 en la plataforma de transparencia estatal, el DIF Coahuila reportó una inversión apenas superior a los 500 mil pesos, es decir, una sexta parte.
Dicha dependencia fue la única que respondió al cuestionamiento que se le hizo también al Despacho del Gobernador y a la Secretaría de Finanzas.
Otro ente opaco en rendición de cuentas fue el Ayuntamiento de Saltillo, que evadió responder a la petición formal. Caso contrario al de Piedras Negras, que detalló la aplicación de 178 mil 925 pesos para la atención de mil 800 migrantes, a través de la solicitud con el folio 01256019.
Aunque las cifras reportadas por el gobierno fueron infladas, Coahuila acaparó los reflectores nacionales al ganarse el aplauso de la Federación por su trato humanitario, mismo que se transformaría meses después en uno de persecución y hostigamiento.
¿Por qué lo hizo? El acuerdo arancelario entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador en junio orilló a México a tomar acciones para reducir el flujo migratorio, de tal forma que la cacería de migrantes se descaró.
Según los números de la Secretaría de Gobernación, durante el primer año de la 4T el número de aseguramientos en Coahuila creció a más del doble. De tres mil 828 en el último año de Enrique Peña Nieto pasó a siete mil 826.
La variación más significativa se dio entre mayo y julio, cuando hubo un incremento de 218 por ciento en el número de personas aseguradas, es decir, de 870 a mil 905. Precisamente en ese periodo ocurrió el asesinato de Marco Tulio.
En cuanto a la cantidad de centroamericanos repatriados, el documento reporta que entre mayo y junio hubo un alza de 430 a 927, lo que representa 246 por ciento más.
La Segob destaca también en su Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2019 que Coahuila es la entidad que registra el mayor crecimiento en cuanto al porcentaje de aseguramientos entre el periodo enero-noviembre con 124.9 por ciento.
Le siguen las entidades de Nuevo León, con un 81.2 por ciento más, es decir, 6 mil 509 migrantes asegurados y Veracruz con un 72.1 por ciento, equivalente a 27 mil 760.
La ruta de las cifras pudo sugerir que el flujo migratorio disminuiría con el recrudecimiento de los operativos y medidas de cercar la frontera con elementos militares y policiacos, pero no fue así.
"Con esto se puede comprobar un hecho que los propios migrantes dicen: las fronteras no van a detener la migración. El problema migratorio no se va a resolver con el cierre de las fronteras y tiene que ver con un trabajo regional, no uno que tenga que ver solamente con Centroamérica, México o Estados Unidos", aseguró el director de la Casa del Migrante de Saltillo, Alberto Xicoténcatl Carrasco.
Argumentó que la problemática es multifactorial porque refleja una crisis institucional y social que viven los demás países, además de tampoco tener una salida con las inversiones en programas sociales que México hizo llegar a naciones como El Salvador.
"Por desgracia, los países no han querido acercarse a abordar esta problemática, simplemente se avientan las responsabilidades y lo máximo que quieren hacer es invertir una parte de recursos económicos en los países expulsores, pensando que con esto la migración se va detener, cosa que no nada más obedece a un tema económico, sino de seguridad, debilitamiento de los estados de derecho, regímenes autoritarios, falta de protección integral a los derechos de las personas en el ámbito laboral, explotación laboral, violencia basada en género".
Los argumentos de Xicoténcatl Carrasco coinciden con los datos del último informe de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) al cierre de 2018, pues indica que 84.6 por ciento de las personas que salieron de sus países lo hicieron por motivos económicos, 11.7 por ciento por violencia, 2.1 por ciento por cuestiones familiares, 1.2 por ciento por razones personales, 0.2 por ciento por problemáticas sociales y 0.1 por ciento por asuntos ambientales.
El documento también advirtió de un incremento en el flujo migratorio, debido a que de 2017 a 2018 la Red, con 23 albergues en 13 estados, atendió 27 por ciento más migrantes, lo que se traduce en 36 mil 190 personas, principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador.
Ni el rigor impuesto por el acuerdo bilateral entre Estados Unidos y México ni la disciplinada alineación de las entidades federativas para bajar la tensión entre ambas naciones fue motivo suficiente para obstruir la ruta de los viajeros.
La prueba está en que nuevas caravanas y contingentes de Centroamérica continúan en ruta hacia Norteamérica. México sólo es parte del camino.
"Uno no sabe si va a vivir o sobrevivir"
Raúl salió de San Pedro Sula, Honduras, el pasado 9 de enero con la intención de reconquistar el sueño americano.
A pesar de la dificultad que implica cruzar las fronteras de México, decidió afrontar el riesgo. Su camino, con todas sus complicaciones, desembocó, en una breve escala, en Torreón para tomar un descanso.
-¿Qué ha sido lo más duro que les ha tocado pasar?
-Pues fíjese que lo más duro ahorita es el frío y luego como Migración lo corretea a uno, pues queda sin nada, se queda sin abrigarse, entonces el frío. Baja la temperatura. Eso es lo más duro.
-¿Este es el primer intento para llegar a Estados Unidos o cuántos lleva?
-Ya tengo dos años de estar intentando pasar.
-¿Qué lo orilló?
Hay trabajo, pero es muy poco, ya no alcanza para la canasta básica. Tengo a mi esposa y ocho hijos: cinco hembras y tres varones.
-¿Cómo es dejarlos atrás?
-Es duro porque aquí en este camino no se sabe si uno va a vivir o va a sobrevivir, porque en algunos trenes vienen los asaltantes.
-¿Cuál es su plan?
-Si Dios lo permite, porque primero es Dios sobre todas las cosas, llegar a Estados Unidos y trabajar. Yo creo que ahora que estoy viejo veo las cosas diferentes a cuando estaba joven y poder asegurar mi vejez, porque los hijos uno los trae al mundo y los hijos no están dispuestos a mantenerlos a uno, sino que uno debe tener algo, aunque sea para sobrevivir, porque cada quien va con su carga.
-¿Cuál es la frontera que busca cruzar?
-Piedras Negras.
-¿Si no lo logra, lo volvería a intentar?
-No, ya no, a los jóvenes yo les digo que sí pueden intentarlo, porque en realidad es un cambio de vida. Yo viví 32 años en Estados Unidos y no tengo nada por los vicios, pero Dios me dio mucha plata.
Yo me vine por los delincuentes que habían agarrado mi casa en Honduras y tuve que ir a sacarlos. Esa fue la razón por la que yo regresé a mi país.
-¿A qué se dedicaba en su primera estancia en Estados Unidos?
Allá me dedicaba a la albañilería, ganaba como dos mil dólares semanales. Lo que pasa es que a veces uno tiene la mente cerrada y todo ese dinero se echa a perder en vicios y todo eso.
Raúl, al que le llamaban el viejón, llegó al Centro de Día para Migrantes Jesús Torres de la ciudad de Torreón el pasado 3 de febrero junto a un grupo de al menos 10 viajeros. El hombre de 52 años de edad y el resto de migrantes continuaron su tránsito con dirección a la ciudad de Saltillo que durante el último año fue un referente en cuanto al hostigamiento y asedio en contra de los centroamericanos.
La ruta del hostigamiento
Las fricciones entre las autoridades federales y estatales con los refugios tuvieron como uno de sus principales focos de atención a Saltillo por un hecho que se viralizó en las redes sociales el 24 de julio de 2019: el reclamo del director de la Casa del Migrante, Alberto Xicoténcatl Carrasco, a los elementos de la Guardia Nacional y a la Policía Municipal que quedó registrado en un video.
El defensor de los derechos humanos refirió que su presencia tan cerca del albergue violaba la Ley de Migración en México, así como un acuerdo de palabra establecido desde la administración del expresidente Felipe Calderón.
"No eran rondines sino detenciones migratorias con violencia sin ninguna razón. Lo que nos decían era que estaban haciendo una revisión de rutina en la colonia o en el barrio, les llamó la atención las personas que iban caminando, les parecieron sospechosas, entre comillas, e intentaron revisarlas, pero no fue así porque los estaban subiendo a los camiones de la Guardia Nacional", recordó.
Sin embargo, el asedio y hostigamiento de la población migrante no paró ahí, una semana después vino el asesinato de Marco Tulio y al cierre del año los operativos de la Guardia Nacional con la Policía Municipal eran constantes en las cercanías del albergue.
"Me parece que en Coahuila tiene que ver con esta coordinación que no está estipulada en la ley, en donde instituciones federales y estatales, bajo el pretexto de la seguridad pública, están deteniendo personas migrantes irregulares", puntualizó el defensor de los derechos humanos.
Saltillo no fue el único municipio de Coahuila en que el escándalo rodeó a las autoridades gubernamentales. En mayo de 2019 el entonces director de Protección Civil, Leonardo Daniel Carrera, fue destituido tras divulgarse en las redes sociales un video en el que presuntamente cobraba un favor sexual con una migrante a cambio de darle un sitio preferente en la lista de asilo político hacia Estados Unidos.
La Comisión de los Derechos Humanos del estado de Coahuila, en voz de su titular, Hugo Morales, confirmó que en los últimos tres años han recibido ocho quejas relacionadas con malos tratos por parte de las autoridades hacia personas migrantes.
La hostilidad representada en hechos concretos como las vigilancias alrededor de los albergues y el abuso de confianza y poder por parte de funcionarios son la evidencia de que en el estado no todas las personas son bienvenidas.
La memoria de los vivos
La muerte de Marco Tulio Perdomo deja una profunda cicatriz en el estado de Coahuila, no sólo fue su asesinato, sino la representación de un Estado cuyo trato hacia las personas depende de su pasaporte.
Si bien las recomendaciones de la CDHEC marcan un precedente en cuanto a una reparación del daño a sus familiares, la justicia no va más allá de entregar un chivo expiatorio que representa el eslabón más débil de un sistema de procuración de justicia.
Aunque Juan Carlos "N" fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado en perjuicio del centroamericano, no hay sanción alguna hasta la fecha para los que organizaron el operativo que dio pauta al asesinato de Marco Tulio y tampoco para los mandos de la corporación que intentaron incriminarlo.
"Me parece importante que hayan tomado en cuenta y entrevistado a las víctimas indirectas, en este caso a la esposa de Marco Tulio y su familia, que hayan hecho eco de las solicitudes que la misma familia hizo. Lo que me parece débil es la corresponsabilidad institucional con mandos medios y altos", afirmó Xicoténcatl Carrasco.
Indicó que lo ocurrido en este caso fue gracias a la presión política que recayó sobre el gobierno estatal, pero no trascendió más allá de señalar a un responsable y no una institución.
"Por desgracia el costo legal no es así y nada más se le está juzgando al joven que disparó y se están quedando en la impunidad los cargos medios y altos que permitieron que esta persona fuera parte de la Fiscalía y asumido como una persona capacitada sin serlo, ya que estos operativos siempre son a cargo de una persona superior que no fue señalada", insistió.
Marco Tulio cimbró a la política nacional e internacional sin pretenderlo y formará parte del imaginario de los defensores de los derechos humanos que luchan por personas que, como él, salieron de sus países para huir de la violencia y darle certidumbre a una realidad social sombría y fracturada.
