Coahuila, Torreón y Saltillo presentan controversia contra reforma electoral
El Gobierno de Coahuila, así como las administraciones municipales de Saltillo y Torreón, presentaron una controversia constitucional ante la Suprema Corte para que no tengan efectos los cambios a la Ley de Comunicación Social propuestos dentro del plan b de la reforma electoral que fue aprobada desde el mes de diciembre por el Congreso de la Unión.
El gobernador Miguel Riquelme dijo que lo que buscan es conocer a ciencia cierta qué efectos tendrán los cambios legales en la vida del estado, de tal manera que tengan certeza sobre si habrá repercusiones en los hábitos y procesos que actualmente operan en materia de contratación de publicidad oficial.
"La preocupación es que el proceso electoral en Coahuila ya había iniciado, con reglas que con anterioridad de alguna forma se habían propuesto en una reforma aprobada, autorizada por el Congreso Local, sin embargo, los efectos de este 'Plan B' pretendían ser aplicables también en Coahuila y el Estado de México", comentó.
La demanda de controversia constitucional fue presentada ante la Suprema Corte de Justicia el pasado viernes por el titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Valeriano Valdés Cabello, quien en el pasado fue magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila y parte importante para que se validara el triunfo de Miguel Riquelme en 2017.
El gobernador agregó la importancia que tiene informar a la ciudadanía sobre las acciones que está haciendo su administración en torno al desarrollo económico, inversión y seguridad, por lo que lamentó que la reforma obligue a los gobiernos a destinar muy pocos recursos para publicitar sus programas.
"Yo creo que el porcentaje que viene aplicado en esa ley es totalmente fuera de la realidad de lo que realmente cualquier estado, cualquier entidad federativa, cualquier nivel de gobierno, sobre todo municipios grandes, aplican en la realidad desde hace muchos años, y no tiene que ver nada más con el pago a medios, tiene que ver con la difusión de obras, tiene que ver con la prevención, programas de salud, programas educativos, culturales y todo lo que de alguna forma incide el gobierno en la sociedad", finalizó.
Cabe destacar que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinaron esta misma semana que los cambios a las disposiciones de la Ley General de Comunicación Social, incluidos en el plan b de la reforma electoral, no deberán aplicar en Coahuila y el Estado de México y tampoco en el proceso electoral que se llevará a cabo en el 2024.
Será en los próximos días cuando la Suprema Corte, última instancia jurídica responsable, decida lo que sucederá en materia de recortes de límites presupuestales para propaganda oficial.
Para este 2023, Coahuila presupuesto poco más de 700 millones de pesos para comunicación social. Con las nuevas disposiciones, el gobierno sólo tendría oportunidad de destinar alrededor de 70 millones de pesos para todo el estado tomando en cuenta un presupuesto anual general de 70 mil millones de pesos.
