En el arranque del sexenio de Manolo Jiménez, las finanzas de Coahuila se enfrentan a un panorama comprometedor, donde la falta de liquidez amenaza con limitar las posibilidades de desarrollo económico. El presupuesto aprobado para el ejercicio 2024 revela decisiones que podrían perpetuar la crisis financiera en la que se sumerge el estado.
El Congreso del Estado destinó un total de 68 mil 429 millones 328 mil 540.47 pesos para el presente año, una cifra que refleja las limitaciones económicas que enfrenta la entidad. De este monto, el 32%, equivalente a poco más de 21 mil millones de pesos, se destinará únicamente a cubrir servicios personales, mientras que la inversión pública propuesta por el gobernador Jiménez asciende a 3 mil 916 millones 219 mil 194 pesos, representando apenas el 5.7% del presupuesto total.
El propio Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, reconoce la delicada situación al afirmar: "Ahorita estamos en una transición financiera para saber, puntualmente, el estatus de las finanzas". Sin embargo, las cifras presentadas indican que la inversión pública sigue siendo una asignatura pendiente para la administración estatal.
En contraste con las declaraciones de Jiménez Salinas, la realidad económica de Coahuila presenta un escenario desafiante. La falta de redistribución de recursos amenaza con frenar la posibilidad de promover inversiones que impulsen el desarrollo y, por ende, alejar la opción de que más personas salgan de la pobreza.
En el ámbito de la deuda pública, la situación no es menos preocupante. Este 2024, Coahuila deberá destinar 6 mil 872 millones 769 mil 046.57 pesos al pago de deudas, equivalente al 10.04% del presupuesto total del estado y casi el doble de lo asignado para inversión pública. Un desequilibrio que pone de manifiesto las dificultades financieras que persisten.
Manolo Jiménez, al referirse al nuevo esquema del Impuesto Sobre Nómina (ISN), sostiene: "Partiendo del nuevo esquema del ISN, que es una palanca de desarrollo, de ahí hemos ido etiquetando el recurso de qué va a dónde, hay fondos de seguridad, de infraestructura". Sin embargo, los números indican que la inversión pública, clave para el desarrollo, representa solo un 5.7% del presupuesto, mientras el grueso de los recursos se destina nuevamente a la megadeuda y la burocracia.
La situación financiera de Coahuila demanda una revisión a fondo de las prioridades presupuestales, ya que, de no reorientarse, el estado podría quedar atrapado en un ciclo de limitaciones económicas que impactaría negativamente en el bienestar de sus habitantes.