La búsqueda de un futuro más próspero es palpable entre los trabajadores de la Comarca Lagunera. La aspiración se centra en empleos mejor calificados y sueldos competitivos. Sin embargo, los empresarios locales mantienen una posición expectante, confiando en la llegada de la inversión extranjera como el motor para ofrecer mejores oportunidades.
Donato Gutiérrez, presidente de la CMIC, expresó su perspectiva sobre la situación: "Creo que tenemos todo lo necesario para recibir las inversiones, sin embargo, a largo plazo, con el boom que se va a venir para la Comarca Lagunera se va requerir mucha más infraestructura que con la que actualmente contamos".
El panorama económico actual de La Laguna no es alentador. Según el Índice de Competitividad Urbana del IMCO, La Laguna se sitúa como la antepenúltima zona metropolitana con más de un millón de habitantes en materia de economía, solo superando a Saltillo y Cuernavaca y ubicándose por debajo de Ciudad Juárez y Puebla-Tlaxcala. Este índice considera factores como la distribución del PIB, el dinamismo económico, el nivel de deuda y el tamaño del mercado hipotecario.
Manolo Jiménez, Gobernador de Coahuila, enfatizó la importancia de la inversión para la región: "Y decirle a la raza, a ver, tú inviertes en Coahuila y te va muy bien y al final de cuentas, las y los empresarios, sí buscan que se genere empleo, buscan que se genere desarrollo, pero también buscan que se generen buenas utilidades".
En cuanto al mercado laboral, La Laguna se encuentra en la décima posición entre 17 zonas metropolitanas censadas por el IMCO. Los primeros tres lugares son ocupados por Monterrey, Ciudad Juárez y Mexicali.
Además, en términos de apertura internacional, que mide cómo las ciudades capitalizan sus lazos con el exterior para elevar su competitividad, La Laguna se posiciona como la zona metropolitana con más de un millón de habitantes con peor desempeño en México.
Para que la región lagunera logre ser más atractiva y competitiva, es esencial mejorar su infraestructura, promocionarse a nivel internacional y elevar la oferta salarial que, hasta ahora, se encuentra estancada en niveles precarios.
Productores de aguacate con parcelas distribuidas pro el cerro de San Juan, pertenecientes a las comunidades más alejadas como Cofradía de Chocolón, el Tacote y el Ocote del Rayo, solicitan apoyo al gobierno del estado, al gobierno del municipio de Xalisco y a las brigadas forestales de CONAFOR Y COFONAY, pues de acuerdo a información que nos han hecho llegar a través de audios y mensajes al equipo Meganoticias, el personal que ayuda en labores de sofocamiento y control del fuego no ha brindado ayuda a los parceleros de estas zonas.
El reporte que llegó hasta la redacción de Meganoticias indica que más de 400 árboles de aguacate ya han sido consumidos por las llamas, mientras que los propietarios de las huertas se han dedicado a realizar brechas cortafuegos conocidas como "guardarrallas", para delimitar el impacto del incendio, no han tenido la atención de los brigadistas, motivo por el cual solicitan el apoyo inmediato para evitar un daño mayor y así también un impacto en la economía de las familias que se dedican al sector primario, para evitar perder su producción anual.
"No, nadie ha ido a apoyar al rancho, ya andan ahí varios parceleros, ya arriba ya se quemó con varios, ya va para el Tacote, ayer nada más andaban apagando la lumbre cinco personas, y antier andaban unos trabajadores de las parcelas, han andado solo, por favor avisen para que nos apoyen porque no nada más el cerro se está quemando, ya también son las huertas de aguacate que se están quemando, ya van como unos 400 árboles quemados o hasta más y están en producción, el gobierno no nos ha ayudado, no ha hecho absolutamente nada". - testimonio anónimo de productores de aguacate de Xalisco, Nayarit.
Un grupo de ciudadanos afectados denunció públicamente un presunto fraude millonario operado a través de la notaría 45 en Torreón, la cual participaría en un esquema de compra-venta de terrenos que nunca les fueron entregados.
Según los afectados, los terrenos se anunciaban a través de redes sociales y cuando hacían el contacto, eran enviados a la notaría 45 dónde realizaban el contrato de compra-venta, sin embargo una vez liquidado el terreno, nunca les entregaron las escrituras.
La notaría fue clausurada el pasado 23 de enero tras múltiples quejas por irregularidades, como la falsificación de firmas, incluyendo la de personas ya fallecidas, para consumar diversas operaciones inmobiliarias fraudulentas.
Las víctimas han denominado a esta situación como "cártel inmobiliario", ya que aseguran están implicados funcionarios de la notaría, así como personal de la Fiscalía, Catastro, Urbanización y hasta inspectores municipales, quienes habrían facilitado o encubierto estas operaciones ilícitas. Además de la falsificación de documentos, los afectados dicen haber recibido amenazas para retirar sus denuncias, una vez que comenzaron los procedimientos legales.
"Tenemos la certeza de que hay complicidad de varias autoridades, porque apenas presentamos las denuncias, y al día siguiente ya estábamos recibiendo amenazas", dijo Alfonso Serrano, uno de los afectados.
Hasta el momento, se contabilizan al menos 22 personas afectadas por este grupo, aunque afirman que las denuncias se remontan a años anteriores, con más de 45 reportes tan solo en el último año y aproximadamente 190 hace dos años, sin que las autoridades estatales o municipales hayan actuado.
Entre las víctimas se encuentran personas de la tercera edad, jubilados y personas con discapacidad, quienes invirtieron todos sus ahorros o vendieron sus viviendas para adquirir terrenos o propiedades que nunca les fueron entregados. "Hay una persona que vendió su casa para comprar un terreno y adaptar su vivienda a sus necesidades por estar en silla de ruedas. Ahora, quedó sin hogar y sin recursos", lamentó.
Los afectados también denunciaron que, tras la clausura de la notaría 45, las autoridades los dirigieron a la notaría 102, donde, según ellos, se repiten las irregularidades, ya que esta es operada por un primo del notario titular de la notaría 45, lo que consideran un grave conflicto de interés. "Nos dicen que no hay conflicto, pero claro que lo hay. Todo apunta a que es la misma red operando", expresaron.
El presunto líder de este esquema sería el ex titular de la notaría 45, aunque las víctimas aseguran que hay al menos otras diez personas involucradas, incluyendo promotores de terrenos y viviendas.
Las denuncias interpuestas ante la Fiscalía incluyen los delitos de fraude, amenazas y asociación delictuosa.
Finalmente, anunciaron que mañana lunes llevarán a cabo una manifestación en las instalaciones de Presidencia Municipal donde exigirán la intervención inmediata de las autoridades para frenar el fraude y proteger a las víctimas.
La madrugada de este sábado, la avenida Morelos volvió a ser escenario de una riña protagonizada por un grupo de jóvenes, presuntamente bajo los efectos del alcohol. El altercado, que tuvo lugar cerca de una gasolinera ubicada en la intersección de calzada Colón y Morelos, fue captado en video por testigos y rápidamente se difundió a través de redes sociales.
En las imágenes se observa cómo dos grupos de jóvenes se enfrentan mientras que elementos de Seguridad Pública Municipal y la Policía de Acción y Reacción (PAR) arriban al lugar para controlar la situación. Durante la intervención policial, uno de los jóvenes es sometido en el suelo y trasladado a una de las unidades, mientras algunos de los presentes gritaban "suéltalo", y otros se burlaban del incidente.
El saldo fue de cuatro jóvenes detenidos, identificados por las autoridades como: Saúl ?NN? de 20 años, Gael ?NN? de 19 años, Diego ?NN? de 20 años y Ángel ?NN? de 20 años. Todos ellos enfrentan cargos por riña y amenaza. Éste último delito, según la Policía Municipal, fue debido a que los jóvenes lanzaron amenazas a los elementos.
El enfrentamiento ocurrió poco después de las 2 de la madrugada. Los detenidos fueron trasladados al Centro de Detención Temporal y, posteriormente, puestos a disposición del Ministerio Público, que con base en las evidencias determinará los delitos que se les imputarán y las sanciones correspondientes.