El aumento de la pobreza en México

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México rechazó la acción urgente dirigida por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas contra el gobierno mexicano porque está "descontextualizada".

La CNDH rechazó "que se viva una crisis de desapariciones en México y más aún que éstas sean consecuencia de una política de Estado".

"Consideramos que el posicionamiento del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU está totalmente descontextualizado de las razones que motivan la persistencia de las desapariciones en nuestro país", indicó la CNDH en un comunicado.

Por primera vez, el Comité contra la Desaparición Forzada activó el viernes un procedimiento bajo el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que podría llevar la crisis de desapariciones en México ante la Asamblea General de la ONU.

El presidente del CED, Olivier de Frouville, anunció esta decisión, tras recibir "información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo jurisdicción de México".

No obstante, la CNDH consideró que estos señalamientos "se apartan de lo que debiera ser un juicio serio de las condiciones que se viven actualmente en México".

Además, la Comisión indicó que "la presencia de misiones extranjeras o de medidas impuestas o recomendadas desde el exterior, han probado su poca eficacia y en ocasiones, incluso, la complicación de lo que se pretende remediar" frente a la problemática "innegable" de las desapariciones.

Un grupo de ciudadanos afectados denunció públicamente un presunto fraude millonario operado a través de la notaría 45 en Torreón, la cual participaría en un esquema de compra-venta de terrenos que nunca les fueron entregados.

Según los afectados, los terrenos se anunciaban a través de redes sociales y cuando hacían el contacto, eran enviados a la notaría 45 dónde realizaban el contrato de compra-venta, sin embargo una vez liquidado el terreno, nunca les entregaron las escrituras.

La notaría fue clausurada el pasado 23 de enero tras múltiples quejas por irregularidades, como la falsificación de firmas, incluyendo la de personas ya fallecidas, para consumar diversas operaciones inmobiliarias fraudulentas.

Las víctimas han denominado a esta situación como "cártel inmobiliario", ya que aseguran están implicados funcionarios de la notaría, así como personal de la Fiscalía, Catastro, Urbanización y hasta inspectores municipales, quienes habrían facilitado o encubierto estas operaciones ilícitas. Además de la falsificación de documentos, los afectados dicen haber recibido amenazas para retirar sus denuncias, una vez que comenzaron los procedimientos legales.

"Tenemos la certeza de que hay complicidad de varias autoridades, porque apenas presentamos las denuncias, y al día siguiente ya estábamos recibiendo amenazas", dijo Alfonso Serrano, uno de los afectados.

Hasta el momento, se contabilizan al menos 22 personas afectadas por este grupo, aunque afirman que las denuncias se remontan a años anteriores, con más de 45 reportes tan solo en el último año y aproximadamente 190 hace dos años, sin que las autoridades estatales o municipales hayan actuado.

Entre las víctimas se encuentran personas de la tercera edad, jubilados y personas con discapacidad, quienes invirtieron todos sus ahorros o vendieron sus viviendas para adquirir terrenos o propiedades que nunca les fueron entregados. "Hay una persona que vendió su casa para comprar un terreno y adaptar su vivienda a sus necesidades por estar en silla de ruedas. Ahora, quedó sin hogar y sin recursos", lamentó.

Los afectados también denunciaron que, tras la clausura de la notaría 45, las autoridades los dirigieron a la notaría 102, donde, según ellos, se repiten las irregularidades, ya que esta es operada por un primo del notario titular de la notaría 45, lo que consideran un grave conflicto de interés. "Nos dicen que no hay conflicto, pero claro que lo hay. Todo apunta a que es la misma red operando", expresaron.

El presunto líder de este esquema sería el ex titular de la notaría 45, aunque las víctimas aseguran que hay al menos otras diez personas involucradas, incluyendo promotores de terrenos y viviendas.

Las denuncias interpuestas ante la Fiscalía incluyen los delitos de fraude, amenazas y asociación delictuosa.

Finalmente, anunciaron que mañana lunes llevarán a cabo una manifestación en las instalaciones de Presidencia Municipal donde exigirán la intervención inmediata de las autoridades para frenar el fraude y proteger a las víctimas.

La madrugada de este sábado, la avenida Morelos volvió a ser escenario de una riña protagonizada por un grupo de jóvenes, presuntamente bajo los efectos del alcohol. El altercado, que tuvo lugar cerca de una gasolinera ubicada en la intersección de calzada Colón y Morelos, fue captado en video por testigos y rápidamente se difundió a través de redes sociales.

En las imágenes se observa cómo dos grupos de jóvenes se enfrentan mientras que elementos de Seguridad Pública Municipal y la Policía de Acción y Reacción (PAR) arriban al lugar para controlar la situación. Durante la intervención policial, uno de los jóvenes es sometido en el suelo y trasladado a una de las unidades, mientras algunos de los presentes gritaban "suéltalo", y otros se burlaban del incidente.

El saldo fue de cuatro jóvenes detenidos, identificados por las autoridades como: Saúl ?NN? de 20 años, Gael ?NN? de 19 años, Diego ?NN? de 20 años y Ángel ?NN? de 20 años. Todos ellos enfrentan cargos por riña y amenaza. Éste último delito, según la Policía Municipal, fue debido a que los jóvenes lanzaron amenazas a los elementos.

El enfrentamiento ocurrió poco después de las 2 de la madrugada. Los detenidos fueron trasladados al Centro de Detención Temporal y, posteriormente, puestos a disposición del Ministerio Público, que con base en las evidencias determinará los delitos que se les imputarán y las sanciones correspondientes.