El Colegio de Abogados de La Laguna exigió una explicación al secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez por haber desobedecido el decreto del Consejo Nacional de Salubridad que establece el Semáforo de Riesgo Epidemiológico Nacional como el mecanismo para establecer las fechas y condiciones para reactivar la economía, informó el representante del Colegio, Ignacio Salcido.
"Semáforo rojo significa todo como estaba el 31 de marzo del año 2020; es decir, actividades esenciales nada más. En Coahuila y en Durango no teníamos que avanzar en reabrir restaurantes, no teníamos que avanzar en reabrir bares."
La decisión del Gobierno de Coahuila con el aval de la Secretaría de Salud del Estado de reabrir los giros comerciales es una acción que atenta contra la Constitución, consideró el Colegio de Abogados, que recalcó puede traer consecuencias graves.
"Es inmoral lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque, cuál es la consecuencia de tener un mal manejo de la pandemia, muertes."
Salcido lamentó que legalmente ni los organismos colegiados como ellos, ni la ciudadanía pueden tomar acción en contra de las decisiones del Gobierno de Coahuila; no así el Poder Legislativo.
"¿Quién esta legitimado para intervenir? El Congreso del Estado, el Congreso del Estado sí esta legitimado para decir, 'Gobernador, estás desconociendo los mandamientos de la Constitución Federal."
Dijo que la mala gestión de la pandemia ya se ha reflejado en el gremio con el cierre hace tres semanas del Juzgado Tercero Mercantil en Torreón debido a un brote de contagios entre el personal y litigantes, ya que pese al anuncio del magistrado presidente, Miguel Mery Ayup, de abrir un buzón electrónico, esta herramienta no agiliza en la realidad el trabajo de los abogados en los juzgados.
"Realmente eso es nada porque una cosa es ser notificado en línea de un acuerdo y otra tener la posibilidad de consultar en línea el expediente o de actuar en línea, y eso en Coahuila no sucede."
La postura del Colegio de Abogados de La Laguna no está orientada al cierre total de los juzgados, sino a promover una conversión de la impartición de justicia manera virtual, situación que no se ha dado por la falta de recursos económicos, y a la vez por la mala gestión de los mismos, ya que cabe mencionar que una de las entidades defraudadas por la Financiera Ficrea fue el Poder Judicial de Coahuila con más de 120 millones de pesos, de los que hasta el momento sólo se han recuperado poco más de 25 millones.