En agosto de 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una suspensión al Gobierno de Coahuila para frenar la distribución de los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dejando a más de 600 mil estudiantes sin el material didáctico.
La suspensión fue otorgada por el ministro, Luis María Aguilar, ante el amparo promovido por Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), el Gobierno del Estado de Coahuila y particulares, apoyados por voces disidentes.
"Es el problema, qué van a hacer con unos planes donde son otro tipo de materias y con unos libros que son ideológicamente para hacer asambleas para ir a propagar el comunismo, el marxismo, pues ¿cómo?", dijo el profesor Rodolfo Silva Rosales, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares.
Ante esto, el Gobierno de Coahuila erogó 72 millones de pesos para la impresión y distribución de material didáctico "Coahuila Educa" para sustituir los Libros de Texto Gratuito de la Nueva Escuela Mexicana.
"Somos el único estado que repuso las herramientas de trabajo de las maestras y maestros", dijo el entonces gobernador, Miguel Riquelme.
"Sus hijos van a recibir una educación de calidad, las maestras y maestros están basados en los planes y programas, los libros son una herramienta de apoyo", añadió el ex secretario de Educación, Francisco Saracho, ex secretario de Educación.
Un mes más tarde, la Corte desechó la controversia presentada por el gobierno, sin embargo quedaron pendientes dos amparos más presentados por la asociación y dos particulares.
A finales de enero de este año se realizó una Mesa de Diálogo entre el Gobierno de Coahuila, el Frente de Padres de Familia por la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana y el Movimiento Magisterial de Coahuila para abordar el tema.
Óscar Pimentel González, secretario de Gobierno, prometió dar seguimiento puntual a los procesos de amparo, y a realizar el trabajo político para la entrega de libros.
Al poco tiempo les anunció que los amparos habían sido retirados.
Es así que después de varios amparos promovidos, desechados y retirados, una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 72 millones de pesos gastados y seis meses después de iniciado el ciclo escolar 2023-2024, se espera que los libros lleguen a manos de las y los estudiantes.