La deuda sigue pendiente. Con esas palabras, María Elena Salazar, vocera de FUUNDEC en La Laguna define el cierre de la administración estatal que encabeza Miguel Ángel Riquelme, en lo que respecta al tema de desapariciones en Coahuila.
Madre de Hugo Marcelino González Salazar, desaparecido el 20 de julio de 2009, en Torreón, María Elena señala que deja un mal sabor de boca la gestión del gobernador saliente pues, pues una de sus primeras decisiones fue concentrar el trato con todas las agrupaciones y colectivos, lo que, para ella, sólo fue una medida política, una táctica de dispersión, para distraer y no hacer nada, tanto así que antes que disminuir el registro de desaparecidos, éste aumentó, pues inició el sexenio con 2,749 y cierra con 3,320 casos.
Aun y cuando se le reconoce el haber terminado el Centro de Identificación Humana, se asume que se trata de una obra que estaba en proceso, una exigencia de los colectivos de búsqueda, pero a la fecha los resultados del mismo no son satisfactorios.
"Pero de verdad, esta administración, para mí, mi colectivo, esta administración se va con una súper, súper gran deuda hacia nosotros".
De la atención personal del mandatario estatal a los colectivos dijo que les escuchó durante seis años, pero nunca tomó cartas en el asunto para solucionar los reclamos que se le hacían, por lo que Coahuila se mantiene con un gran cúmulo de cuerpos recuperados a los que no se ha identificado ni regresado a casa, como un estado en el que la impunidad prevaleció y los premios a los funcionarios que nada resolvieron siguen causando indignación.
Acerca de este saldo del gobierno coahuilense en materia de desaparecidos, Marco Zamarripa, director del Centro Cívico de las Instituciones, apuntó que el tema está generado generalizado en el país y marcado por la impunidad, al grado que en México apenas se cuentan poco más de 30 sentencias por desaparición forzada, mientras que las estadísticas marcan que cada hora hay un desaparecido.
"Son 106 familias que hoy no saben en dónde están sus familiares y eso te habla también de una falta de capacidad del estado para garantizar que ninguna desaparezca".
Así, aunque se asume que Coahuila avanzó en seguridad, ello no representa consuelo para las familias de las víctimas de desaparición, por lo que el director del CCI reconoce que se requiere de procurar seguridad a los buscadores y aplicar recursos y mayores esfuerzos institucionales a la investigación, sin perder de vista que, de no haberse abatido la inseguridad, la cantidad de desapariciones durante este sexenio hubiera sido mucho mayor.