En abril del 2019 el gobernador de Coahuila Miguel Riquelme anunció con alegría la puesta en marcha de un sistema de videovigilancia con un avanzado software de reconocimiento facial. Más de un año y medio del anuncio, el proyecto no tiene pies ni cabeza y se ha enfrentado a un sinfin de problemas legales y técnicos.
Quinto Elemento Lab, laboratorio de investigación periodística, publico un reportaje en donde explican por qué, hasta el momento, ha sido un fracaso el proyecto más arriesgado y ambicioso de la administración riquelmista.
En primera, México no cuenta con los marcos legales bien establecidos que avalen la invasión de la privacidad de la ciudadanía a partir del escaneo indiscriminado de sus rostros para ubicar a presuntos delincuentes.
En segunda, el Gobierno de Coahuila no ha podido acceder a la base de datos del Gobierno Federal para poder cotejar los perfiles con una data más amplia y, tercero, la capacidad de almacenamiento de los centros de inteligencia no permitiría procesar toda esa información.
Las cámaras chinas Dua Technology están instaladas en diversos puntos de las ciudades de Torreón y Saltillo. En la primera etapa, por adjudicación directa, se adquirieron 1,300 equipos. Las autoridades no quisieron revelar los contratos a quienes hicieron el reportaje.
Lo único que se sabe acerca de esa compra, es que la administración estatal destinó poco más de 600 millones de pesos, de los cuales 285.7 fueron para la Región Laguna y 273 para la región sureste.
En la comarca se instalaron 425 cámaras, de las cuales 210 son de videovigilancia, 147 lectoras de placa, 22 de reconocimiento facial y 46 de uso mixto. Por su parte, en la región sureste, se adquirieron 720, de las cuales 425 son de videovigilancia, 165 lectoras de placa, 54 de reconocimiento facial y 76 de uso mixto.
Este tipo de proyecto han generado conflictos con organizaciones defensoras de los derechos humanos porque, en ciertos países, tienen un margen de error de hasta el 98 por ciento, por lo que mucha gente inocente ha sido capturada por las autoridades. Para los especialistas consultados, la iniciativa de Riquelme para vigilar de esa manera las calles podría poner en riesgo las garantías individuales de la población.