La comisión de derechos humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador, formada por diversas organizaciones, reafirmó este domingo sus demandas al Estado por los crímenes de lesa humanidad registrados en la guerra civil (1980-1992).
Exigió, en el marco de la conmemoración del día de los difuntos, al presidente Nayib Bukele que abra los archivos de la Fuerza Armada para "contribuir a esclarecer la responsabilidad de los culpables".
A la Asamblea Legislativa le demandó aprobar una "ley de reparación y no repetición" presentada por colectivos de derechos humanos y sobrevivientes de crímenes de guerra.
De igual forma, llamó a los diputados a declarar el 1 de noviembre de cada año como el Día Nacional de las Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos y el 30 de agosto como el Día Nacional de la Desaparición Forzada.
También exigió a la Fiscalía General de la República realizar investigaciones "exhaustivas" en los procesos por crímenes de guerra y lesa humanidad perpetrados en el marco de la guerra civil.
Llamaron a la Corte Suprema a que "no siga obstaculizando" el proceso por la masacre de 1.000 civiles en 1981 en El Mozote con acciones como la destitución del juez que llevaba la causa, Jorge Guzmán.
"Las víctimas siguen esperando justicia, verdad, reparación y medidas de no repetición ante las graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado, este día les recordamos y rendimos tributo a su memoria", concluyó en un comunicado de prensa.
La guerra civil enfrentó al Ejército salvadoreño, financiado por los Estados Unidos, y a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), ahora partido político de oposición.
El conflicto armado se saldó con unas 75.000 personas muertas y entre 8.000 y 10.000 desaparecidos, según diversas fuentes.