El martes 12 de noviembre de 2024, ciudadanos y diversas organizaciones sociales de Torreón, como Movimiento Social por la Tierra y Laguna Soberana, se reunieron en la Plaza Mayor para expresar su rechazo a la posible privatización del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).
La propuesta, que surgió de las cámaras empresariales locales, especialmente CANACINTRA, busca involucrar capital privado, específicamente de la firma Aguas de Barcelona, para mejorar las finanzas de la paramunicipal. Sin embargo, esto ha causado gran indignación en la comunidad.
Gerardo Calvillo, representante de Laguna Soberana, explicó que la crisis financiera del SIMAS se debe en parte a las condonaciones de pagos que se otorgan a grandes empresas y funcionarios de alto nivel, mientras que los usuarios regulares enfrentan cobros sin excepciones. Para Calvillo y otros activistas, la intención de privatizar no soluciona los problemas estructurales y, en cambio, podría perjudicar a los ciudadanos con tarifas más altas y un servicio menos transparente.
"Exigir al alcalde que se pronuncie en contra de esta política neoliberal y exigirle a los empresarios que se retracten de lo dicho a través de algún comunicado.", dijo Calvillo.
Las organizaciones presentes enviaron un pliego petitorio al presidente municipal Román Alberto Cepeda, en el que exigen el pronunciamiento explícito del alcalde en contra de la privatización.
Entre los puntos planteados, solicitaron también la inclusión de cinco miembros de la sociedad civil en el Consejo Ciudadano del SIMAS, así como la creación de una comisión permanente para auditar la administración y un programa de apoyo económico para las familias de escasos recursos en el pago de agua potable.
Aunque el alcalde Cepeda no ha confirmado oficialmente la privatización, ha señalado que están evaluando opciones para mejorar las finanzas del SIMAS, lo cual genera incertidumbre en la comunidad. Los manifestantes recalcaron su oposición a cualquier medida que limite el derecho humano al agua y demandaron que, en lugar de privatizar, se refuercen los mecanismos de recaudación, especialmente con grandes corporaciones que adeudan pagos significativos.
La protesta refleja una preocupación en Torreón sobre las implicaciones de ceder el control del agua a intereses privados y el impacto potencial en el acceso y el costo del servicio para la población.