Se manifiestan en presidencia de Torreón por "Cártel Inmobiliario"

Un grupo de ciudadanos afectados por un presunto fraude inmobiliario se manifestó este lunes a las afueras de la presidencia municipal de Torreón para exigir una audiencia con el alcalde Román Alberto Cepeda. Los manifestantes acusan la existencia de un "cártel inmobiliario" que, aseguran, opera con la complicidad de autoridades municipales y estatales.

Alrededor de diez personas se instalaron en la entrada del edificio municipal, portando lonas con mensajes como: "Fraude, cártel inmobiliario, Notaría 45". Según relataron, compraron terrenos con precios que iban desde los 130 mil hasta un millón 200 mil pesos, formalizando la compraventa en la notaría número 45. Sin embargo, hasta la fecha no han recibido las escrituras de propiedad, y la notaría ha cerrado operaciones por presuntas irregularidades.

Uno de los afectados, Alfredo Chaparro, quien se desplaza en silla de ruedas, explicó que adquirió un terreno ubicado por la avenida Universidad, en la colonia Rincón La Merced, a través de una oferta que vio en Facebook en enero de 2025. Chaparro pagó 170 mil pesos con la intención de construir una vivienda adecuada a sus necesidades.

"Lo que pasa es que las casas nuevas, ya sean de Infonavit, no están acondicionadas para uno. Mi idea fue comprar un terreno y adaptarlo a mi situación", explicó. Además, hizo un llamado urgente a las autoridades para que se entreguen las escrituras correspondientes: "Que nos resuelvan inmediatamente las escrituras. Si este notario sigue vendiendo propiedades y no entrega documentos, es un fraude, y las autoridades deben atenderlo de inmediato".

Por su parte, Alfonso Serrano, otro de los afectados, lamentó que no se les haya concedido la audiencia solicitada con el alcalde, y cuestionó la falta de respuesta por parte de las autoridades municipales. Serrano denunció también presuntos actos de represión, señalando que tras hacerse pública su denuncia, personal de inspección, verificación y urbanismo visitó tanto su domicilio como el de otro afectado.

"No puede ser coincidencia, yo lo llamaría complicidad, represión. Es conocido que la actual presidencia municipal no tolera que se cuestione su accionar", expresó.

Los manifestantes fueron atendidos por Sebastián Armijo, coordinador de Atención Ciudadana, quien informó que el caso será canalizado a la Subsecretaría de Asuntos Políticos para su análisis. Armijo negó que las visitas de inspección constituyeran actos de represión y, aunque reconoció la gravedad de las denuncias, descartó que el gobierno municipal vaya a emprender una campaña informativa para alertar a la ciudadanía sobre estos hechos, pues según las y los afectados, el "cartel inmobiliario" sigue operando. No obstante, puso a disposición de la población el número 073 para consultas relacionadas.