Desechan medidas cautelares contra Attolini, pero continúa procedimiento de Guadiana
La Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral desechó las medidas cautelares que había solicitado la senadora de Morena, Cecilia Guadiana, se impusieran en contra del diputado local del mismo partido en Coahuila, Antonio Attolini Murra y Alejandra Salazar, regidora de la misma organización en el Ayuntamiento de Saltillo.
El pasado 13 de marzo, la senadora Cecilia Guadiana presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral por violencia política en razón de género contra Attolini Murra y Alejandra Salazar, luego de que él y ella criticaran a la hija del finado empresario minero, Armando Guadiana, por presuntamente utilizar recursos públicos para promocionar su imagen en el estado.
"El proyecto fue claro: no hay elementos que sustenten la existencia de violencia política en razón de género en mis declaraciones. Por tanto, no se impone ninguna medida cautelar. El debate, la crítica y la confrontación política no pueden confundirse con violencia", afirmó Attolini.
El desecho de las medidas cautelares, no significa que el procedimiento haya terminado, aclaró la senadora Cecilia Guadiana a través de un boletín de prensa.
"El procedimiento de fondo sigue en curso y será resuelto por la autoridad electoral una vez concluida la etapa de investigación. Por tanto, no existe hasta este momento pronunciamiento definitivo alguno sobre la existencia o no de violencia política en razón de género", señaló Guadiana.
Las críticas vertidas contra Cecilia Guadiana fueron justificadas luego de que la regidora Alejandra Salazar subiera un video en el que documentó cómo usaban camiones con la imagen de la senadora en los sitios donde se entregaban los apoyos sociales que administra la delegación del bienestar en Coahuila, encabezada por Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador de Tamaulipas y pareja sentimental de Cecilia Guadiana.
Por las críticas y los señalamientos de sus compañeros de partido, Guadiana presentó la denuncia ante el Instituto Nacional Electoral.
"En una democracia, la crítica y el debate son indispensables, pero también lo es el respeto a los derechos de las mujeres. Denunciar posibles actos de violencia política en razón de género no es censura, es ejercer un derecho que la ley reconoce y protege", enfatizó en el comunicado.
Finalmente, para Antonio Attolini cuestionar a una persona que trabaja dentro de la política no supone una conducta violenta, por lo que no debería ser sancionado por el INE ni debería ser procedente la demanda.
"Cuestionar públicamente a una figura con poder no constituye violencia. Limitar la expresión de un legislador por razones políticas sería un precedente grave para la democracia. Confío en que las instituciones actuarán con apego a la ley y respeto a los derechos de todos", expresó.