Miércoles, 30 Noviembre 2016 12:56

Se requiere gasto efectivo para aprender con calidad.

Escrito por JESSICA GUADALUPE ESTRADA ACOSTA
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El gasto educativo en Sinaloa es ineficiente, opaco y deshonesto por eso se necesita  reorientar los presupuestos y crear mecanismos  de vigilancia que  inhiban las prácticas recurrentes  de simulación, despilfarro y corrupción,  manifestó  el titular de la organización mexicanos primero Arturo Sanchez  Sainz.

Tras reunirse con  diputados de las comisiones de educación y hacienda en el Congreso  expuso la grave problemática de rezago que  enfrenta el sistema educativo no solo en infraestructura y equipamiento  sino también en  capacitación  a los docentes.

 

ARTURO SANCHEZ SAINZ/TITULAR MEXICANOS PRIMERO.

 

“Este primer acercamiento  nos refleja se tiene la apertura y la voluntad para atender esta problemática, conociendo el diagnóstico en el presupuesto y como decía un presupuesto ineficiente no se hace una aplicación para tener mejores resultados 2.

 

Por su parte los legisladores  Crescenciano Espericueta del PANAL Y Víctor Corrales,  hicieron el compromiso de revisar a profundidad el presupuesto  para que se invierta de la mejor manera, y eso mejore la calidad de la educación que se imparte en Sinaloa.

 

CRESCENCIANO ESPERICUETA/COORD. BANCADA PANAL.

“Para educación no hay el suficiente recurso tenemos que reconocerlo porque el 86 por ciento se va en nómina y el resto se reparte”.

 

En la presentación realizada por la organización mexicanos primero se expone que de 2015 y 2016 se han aplicado mil 100 millones de pesos donde solo el 4 por ciento se ha  reflejado en niveles de primaria y secundaria que es donde se tiene el grueso de los alumnos en el estado, mientras que los montos mayores se aplicaron en niveles medios superior y superior.

La organización también hizo algunas propuestas para orientar el gasto educativo para la obtención de una educación de calidad, donde destaca el que se solicita se llevan a cabo auditorías con mayor inmediatez y estén conectadas con los espacios de participación social en la educación, así como un sistema de quejas y denuncias de padres de familia y docentes entre otras.

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