Sábado, 08 Octubre 2016 15:57

Buscan voto secreto en los Sindicatos

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La nueva reforma laboral que discute el Senado contempla por primera vez el voto secreto de los trabajadores para la elección de sus dirigentes y la resolución de conflictos entre sindicatos.

Desde 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que las disputas y elecciones sindicales se deben zanjar mediante voto secreto, pero las leyes respectivas no han sido reformadas, por lo que prevalece la práctica del voto abierto o a mano alzada.

"La ley garantizará el voto personal, libre y secreto de los trabajadores para la elección de sus dirigentes, la resolución de conflictos entre sindicatos y la solicitud de celebración de un contrato colectivo", establece el dictamen que reforma la fracción XXII bis del artículo 123 constitucional.

El aspecto central de la reforma consiste en la transformación de la justicia laboral, pues desaparecerían las 33 juntas de conciliación y arbitraje para ser reemplazadas por un sistema mixto de centros de conciliación y juzgados laborales adscritos a los Poderes Judiciales.

Las partes primero tendrían al menos una audiencia en el centro de conciliación, y solo después podrían acudir a un proceso judicial, distinto de los conflictos laborales que por décadas se han llevado ante las juntas, y que en 2015 llegaron casi a 300 mil casos.

 


El Consejo de la Judicatura Federal estima que necesita 35 nuevos juzgados para reemplazar a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, órgano de la Secretaría del Trabajo que cuesta 900 millones de pesos al año, y que desde 2013 ha gastado casi 600 millones de pesos para digitalizar expedientes que rara vez son de interés público.

El Centro de Conciliación para las industrias de jurisdicción federal sería un órgano descentralizado, cuyo titular sería designado por dos terceras partes del Senado a propuesta del Ejecutivo, y también daría el registro a contratos colectivos y sindicatos, que actualmente lleva la Secretaría del Trabajo.

La transición al nuevo sistema no sería inmediata, pues sólo aplicaría a conflictos iniciados después de que se aprueben las leyes secundarias de la reforma, tal vez en 2018.

Pasarían años para la extinción total de las juntas, consideradas la parte más débil del sistema de justicia, donde los laudos se dictan "a verdad sabida y buena fe guardada" y muchos de los integrantes no son abogados.

En previsión a esta reforma, el Consejo de la Judicatura Federal pidió a la Cámara de Diputados 780 millones de pesos para crear 35 juzgados de Distrito de Proceso Laboral en 2017.

 

 

Con información Reforma.

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