Domingo, 09 Octubre 2016 17:02

Zetas pagaban a policías durante masacres de San Fernando y Allende

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La organización criminal de los  zetas pagaba, en promedio,  dos mil pesos mensuales a los policías municipales, que estaban bajo  su mando,  de San Fernando, Tamaulipas, y de Allende, Coahuila cuando se registraron las masacres en 2010 y 2011, advierte el informe “En el desamparo” elaborado por El Colegio de México.

“Había 36  (policías) en San Fernando y 20 en Allende. En Allende colaboraban aproximadamente once, activamente, el resto se negaban; para mantener la lealtad o el sometimiento de los policías, los zetas gastaban al mes 61 mil 500 pesos, eso es todo, tres mil dólares les costaba controlar a la fuerza pública de un municipio”  explicó el coordinador del proyecto  Sergio Aguayo

 

El informe muestra un esquema que exhibe los pagos mensuales de los Zetas a la policía municipal de Allende en 2011.

De acuerdo con el documento, el director de la corporación policiaca recibía 20 mil pesos mensuales; el comandante, 10 mil; los responsables de turno, es decir  tres supervisores, recibían 3 mil pesos cada uno; los policías dispuestos a cooperar, que eran siete, dos mil; los uniformado  indispuestos, que era cuatro, recibían mil pesos mensuales, mientras que los  únicos tres policías que se negaron recibían 500 pesos mensuales. Es decir que el gasto mensual de los Zetas en el municipio de Allende era de 61 mil 500 pesos.

 Sin embargo los investigadores establecen que la complicidad de las policías respondió a las graves omisiones de las autoridades sobre la difícil situación que travesaba la región”

“Por supuesto que no era así de simple, eran los 61 mil pesos más el terror: “si no cooperas te mueres, tú y tu familia, era muy claro” dijo Aguayo

 El documento revela que ha sido nulo el trato y reparación del daño proporcionados por el Estado Mexicano a las víctimas y familiares, de los 72 migrantes de San Fernando ocurrida en 2010,  y las 300 víctimas de la  "venganza" de Miguel Ángel Treviño Morales, el "Z-40" entonces líder de la organización criminal, en Coahuila de cuyo caso no hay expediente abierto.

“En el desamparo por la entrega de cuerpos de manera equivocada, en el desamparo por la entrega de tierra a familiares como una entrega simbólica de cuerpos.

Diversas autoridades conocían de la  violencia en estas regiones y no actuaron. Al ocurrir los hecho, permanecieron en silencio” dijo el investigador, Jacobo Dayán

Se señala que el trabajo de las delegaciones de la  Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se ha enfocado en ser gestor de programas sociales de gobierno; mientras que la Comisión de derechos humanos de Coahuila  sólo ha procesado un caso, y la de Tamaulipas ninguna.

“La parte más vulnerable del estado mexicano son los municipios, por ahí está entrenado el crimen organizado y no hay una estrategia para enfrentarlo en los municipios” dijo  Sergio Aguayo

A la presentación del informe asistió el activista Javier Sicilia quien señaló que las omisiones por  parte del estado mexicano continúan, y que estos casos podrían replicarse en varias entidades; explicó que a través del “Programa académico de violencia y paz” se alertó a las autoridades de un atlas de violencia del estado de Morelos en el que se señaló un foco rojo  que va de Iguala a Cuautla.  

“Se les entregó a las autoridades y pasó Ayotzinapa, no hicieron caso, le valió, perdón la palabra pero es justa, le valió absolutamente madre, y tenemos     Ayotzinapa”

 

Los investigadores señalaron que la PGR y el gobierno de Tamaulipas se negaron a participar en la entrega de información. 

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