¿Sabes cómo funciona la cárcel para menores en México?
El sistema penitenciario para menores en México ha cobrado relevancia en los últimos tiempos debido a varios casos mediáticos de delitos cometidos por adolescentes.
Entre ellos, el caso de Marianne G, la influencer que apuñaló a la nueva pareja de su exnovio, el caso de Fátima, una niña que supuestamente fue lanzada desde el segundo piso de su escuela por sus compañeros y en hace un par de años el caso de Norma Lizbeth, niña que fue golpeada hasta morir por una de sus compañeras. Estos hechos nos han recordado la importancia de comprender cómo funciona el sistema de justicia penal juvenil en México y cómo se abordan los delitos cometidos por menores de edad.
En México, la edad penal se establece a partir de los 18 años, lo que significa que, en principio, los menores de esta edad no son considerados responsables penalmente por sus actos.
No obstante, existen excepciones a esta regla, sobre todo cuando los menores cometen delitos graves como homicidio, violación, secuestro u otros crímenes graves. En estos casos, los menores pueden ser procesados y enfrentarse a consecuencias legales, pero bajo un sistema distinto al de los adultos, que prioriza la rehabilitación y la reintegración a la sociedad.
¿Cómo funciona el Sistema Penitenciario Juvenil?
El sistema penitenciario para menores de edad en México no funciona de la misma manera que el sistema penitenciario para adultos. Cuando un menor comete un delito grave, en lugar de ser enviado a una cárcel convencional, se le envía a un centro de internamiento para adolescentes.
Estos centros son espacios especializados que tienen como principal objetivo la rehabilitación del menor infractor. La idea no es castigar, sino ofrecer un entorno adecuado en el que los jóvenes puedan recibir educación, orientación psicológica y terapia, con la esperanza de que, al salir, puedan reintegrarse de manera efectiva a la sociedad.
El enfoque principal de estos centros es rehabilitador y educativo. Se busca proporcionar herramientas para que el menor pueda entender la magnitud de sus actos y las consecuencias que estos tienen, tanto para las víctimas como para él mismo.
Los programas de rehabilitación incluyen actividades de formación académica, así como apoyo en áreas como la salud mental y el desarrollo emocional. En este sentido, se diferencia de las cárceles tradicionales, donde la prisión es el castigo central, sin un enfoque claro en la rehabilitación.
La duración máxima de las sanciones para adolescentes depende de la edad que tengan al momento de cometer el delito. Para adolescentes de entre 14 y menos de 16 años, la sanción máxima es de tres años. Para los adolescentes de entre 16 y menos de 18 años, la sanción máxima es de cinco años.
Sin embargo, en casos de homicidio calificado, violación, secuestro, trata de personas y delincuencia organizada, el internamiento puede ser de hasta cinco años, siendo este el maximo periodo que se le puede dar aun menor.
El proceso penal para menores
Cuando un menor es acusado de un delito, no sigue el mismo proceso penal que los adultos. En México, se aplica la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que regula todo el procedimiento legal para los jóvenes infractores. Esta ley tiene como principal objetivo garantizar que los derechos humanos de los adolescentes sean respetados durante todo el proceso judicial.
El proceso penal especial para menores está diseñado para protegerlos de la misma manera que se protegen a los adultos, pero con un enfoque que toma en cuenta su edad, su nivel de madurez y su capacidad de comprender la ilegalidad de sus actos.
En este sistema, el proceso se lleva a cabo de manera acusatoria y oral, con el objetivo de que las decisiones sean lo más transparentes y justas posible. Además, en este proceso, los adolescentes siempre tienen derecho a ser defendidos por un abogado especializado en justicia penal para adolescentes.
Los adolescentes, en muchos casos, tienen la oportunidad de optar por mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación o programas de reparación del daño, que permiten resolver el conflicto sin necesidad de que el adolescente sea internado. Esto es más frecuente en delitos de menor gravedad y donde el adolescente muestra una disposición para cambiar.
Estadísticas y realidad del Sistema Penitenciario Juvenil
Según los datos más recientes proporcionados por el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2024 (CNSIPEE-F), a finales de 2023 había 1,274 adolescentes privados de la libertad en centros penitenciarios y centros especializados en todo el país.
De este total, el 65.7% de los varones y el 60% de las mujeres estuvieron en internamiento preventivo durante un periodo de entre 4 y 6 meses, mientras esperaban la resolución de sus casos.
Este tiempo de espera refleja una de las principales críticas del sistema penitenciario juvenil, ya que muchos adolescentes permanecen en condiciones de internamiento sin que se haya dictado aún una sentencia definitiva. Además, los centros de internamiento deben garantizar que el proceso judicial sea lo más rápido posible, ya que, de lo contrario, los menores podrían sufrir daños psicológicos debido a su largo tiempo de espera.
En cuanto a las sanciones impuestas, las estadísticas muestran que el 15.7% de los varones que fueron internados recibieron una sanción de internamiento de entre 3 años y 6 meses y menos de 4 años. En las mujeres, el 22.2% fue sancionado con un internamiento de 2 años hasta menos de 2 años y medio. Estos datos reflejan la gravedad de los delitos cometidos por algunos adolescentes, así como la necesidad de aplicar sanciones adecuadas a su edad y madurez.
En los centros estatales y especializados, el robo es el delito más común cometido por menores de edad, tanto hombres como mujeres. En los centros penitenciarios federales, los delitos más comunes cometidos por menores de edad son el secuestro, seguido por delitos de delincuencia organizada.
Uno de los aspectos más importantes del sistema penal juvenil es que los menores tienen una serie de derechos garantizados por la Constitución Mexicana los cuales protegen su integridad y bienestar en todas las etapas del proceso judicial.
En primer lugar, los adolescentes tienen derecho a la privacidad durante todo el procedimiento y en el cumplimiento de su sanción, lo que garantiza que su situación no afecte su futuro o el de su familia. Además, los antecedentes del menor no pueden ser utilizados en su contra en otros juicios.
Los adolescentes también tienen derecho a recibir asistencia médica, psicológica y nutricional durante su internamiento, así como educación y la posibilidad de trabajar en programas que promuevan su desarrollo personal. Las medidas cautelares y las sanciones deben ser racionales y proporcionales a la gravedad del delito cometido, buscando siempre que la sanción tenga un enfoque socioeducativo, más que punitivo.
Finalmente, la ley también establece que los adolescentes deben ser atendidos por defensores especializados, especialmente si tienen alguna discapacidad, si son indígenas o si no saben leer ni escribir. De esta forma, se asegura que todos los jóvenes tengan acceso a una defensa adecuada y justa, sin importar su situación personal.
El sistema penitenciario para menores en México está diseñado para ser más que un simple castigo; su objetivo principal es rehabilitar a los adolescentes infractores y reintegrarlos de manera efectiva en la sociedad. Sin embargo, el proceso enfrenta varios desafíos, como la lentitud del sistema judicial, la sobrepoblación en algunos centros de internamiento y la necesidad de aplicar sanciones proporcionales a las circunstancias de cada menor.