Vendedoras ambulantes denunciaron abuso de autoridad por parte de los servidores públicos que realizan los operativos de disuasión para prevenir la propagación de COVID-19.
Indicaron que sin previo aviso llegan de manera sorpresiva a los lugares donde realizan sus ventas y les quitan sus productos, prácticamente se trata de un robo, porque no llevan algún documento que avale este retiro de sus mercancías, cuyo paradero desconocen.
Pidieron la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para que estos fiscales del Ayuntamiento capitalino que llegan a retirarlos de las calles no les despojen de sus productos en los cuales invierten.
Señalan que no hay apoyos para el comercio informal y lo único que hacen es tratar de llevar el pan a la mesa en medio de esta contingencia que está dejando en extrema pobreza a los chiapanecos.