Dos años se han cumplido desde que inició la administración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y del gobierno estatal de Rutilio Escandón Cadenas (el 8 de diciembre de 2018), sin embargo, el panorama de la falta del estado de derecho y de inseguridad no han cambiado.
Aunque al principio de la administración, cámaras empresariales reconocieron el trabajo que la Fiscalía General del Estado había implementado en cuando a desalojos, en los últimos meses los bloqueos carreteros, robo de vehículos de empresas, quema de unidades de transporte y uso excesivo de la fuerza policial, ha sido una de las características de la presente administración, así lo afirmaron los presidentes de la COPARMEX y del Consejo Coordinador Empresarial en Chiapas.
"El diálogo es lo principal y si se agota el diálogo hay que tener mano firme para aplicar la ley, lo que queremos es que entiendan que Chiapas está en una situación muy complicada que no permite que haya este tipo de manifestaciones, eso nos llevaría a una retroceso más grave del que ya estamos".
En materia de inseguridad, la entidad se ha caracterizado por tener altos índices de violencia en delitos cometidos, por arriba de lo señalado a nivel nacional, lo anterior de acuerdo al Observatorio Ciudadano Chiapas, quien señala que la tendencia en el uso de armas de fuego ha aumentado desde 2015.
Mientras que de julio a septiembre de 2020, los homicidios dolosos con arma de fuego representaron un 67.41 por ciento de las averiguaciones. Mientras que siete de cada 10 homicidios dolosos se cometen con arma de fuego en Chiapas, además de la existencia de grupos paramilitares, de los cuales el gobierno no reconoce a pesar de que constantemente hay denuncias de ataques entre municipios.
"Nuestro pronunciamiento es la aplicación de la ley, firmando minutas no sé si ya se dieron cuenta pero no les está funcionando y esto permite que otros grupos sociales empiecen a hacer los mismos hechos".