Las instancias de gobierno federal con sede en la Ciudad de México y en Chiapas, fueron las autoridades que más quejas acumularon en el 2022 por vulnerar y violar los derechos humanos de la población, señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH, expone que de enero a noviembre de 2022 se tuvo el registro de 8 mil 469 quejas ? en todo el país? en contra de diversas autoridades e instituciones de gobierno federal, en la que destaca que los organismos públicos de la Ciudad de México y del estado de Chiapas, acapararon el 44.58 por ciento del total de las denuncias presentadas.
En el caso de Chiapas, la CNDH apunta que hasta el onceavo mes del año anterior se registraron mil 188 quejas; 32.49 por ciento más de las que se acumularon de enero a diciembre de 2021, cuando se contabilizaron 802 reportes de queja.
Por lo anterior, el organismo autónomo refiere que durante el 2022 las autoridades que más quejas presentaron fueron el Instituto Nacional de Migración (INM), con 548 quejas; el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con 282 quejas; la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), con 107 quejas; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 68 quejas.
Asimismo, el Sistema de Alerta de la Comisión indica que el resto de las quejas se presentaron en el Centro Federal de Readaptación Social N°15 de Comaltitlán, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), la Guardia Nacional (GN), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría del Bienestar (SB), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR) y otras más.
La última queja que registró la CNDH en la entidad, misma que fue meritoria de una recomendación fue la que se presentó en contra del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas (CRAE) con sede en Tuxtla Gutiérrez, por vulnerar los derechos de la niñez, al acreditar que un niño de 12 años que recibía atención médica en dicho nosocomio fue contagiado con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), durante una transfusión sanguínea.