Chiapas, estado donde más delitos quedan impunes
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que a nivel nacional la probabilidad promedio de esclarecimiento de un delito es de 1.3%; en tanto que Chiapas, Jalisco, Quintana Roo y Tamaulipas presentan porcentajes inferiores al 0.6%, lo que significa sólo uno de cada 500 delitos se logra esclarecer.
Ante ello, la CNDH comentó que México enfrenta una grave problemática en materia de procuración y administración de justicia, lo que se refleja en los insuficientes resultados que la Fiscalía General de la República (FGR), así como las procuradurías y fiscalías estatales tienen ante la crisis de impunidad e inseguridad que se vive.
El organismo nacional destacó que la falta de plena autonomía de fiscalías, la debilidad de sus servicios profesionales de carrera y la estructura heterogénea de cada instancia les impiden llevar a cabo los procesos que demanda un sistema de justicia de corte acusatorio, y su limitada capacidad de investigación criminal ocasiona que, con frecuencia, se violen derechos humanos.
De acuerdo con datos del Censo Nacional de Procuración y Administración de Justicia del Inegi, el índice de efectividad en la resolución de carpetas de investigación en 2019 es del 19.4%, y las entidades federativas donde las procuradurías y fiscalías registran el menor porcentaje de efectividad son Aguascalientes, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Quintana Roo, todas con cifras menores al 10%.
Subrayó que el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2018 indica que en promedio hay 8.2 Ministerios Públicos por cada 100 mil habitantes.
El ombudsperson nacional expresó que en ese documento también se pone en relieve la necesidad que el país tiene de una auténtica Política Criminal y de una Política Nacional de Reparación Integral que consideren a las personas, en particular a las víctimas, y busquen esquemas para abatir la impunidad y reconstruir el tejido social.
González Pérez manifestó que los derechos humanos no pueden ser realmente vigentes si las personas no cuentan con certeza razonable de que quien violente la ley va a ser sancionado, de que los delitos que se cometan no quedarán impunes, y de que el Estado, sus instituciones y leyes van a proteger y garantizar real y efectivamente esos derechos y prerrogativas de las personas.