La vigilancia y puntual seguimiento al cumplimiento de la entrega de los avances de la cuenta pública en Chiapas, sigue dando de qué hablar, toda vez que no se observa que las autoridades apliquen las multas correspondientes a los ayuntamientos incumplidos, únicamente sobresalen las prórrogas.
Los legisladores locales pese haber otorgado hasta 30 días más de prórroga para que los ayuntamientos municipales cumplieran con sus obligaciones marcadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hubieron algunos que se dieron el lujo de no entregar su cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
Es a través de prórrogas como los legisladores solapan el incumplimiento de los alcaldes municipales, una vez más ahora en un congreso con una mayoría de extracción morenista aprueban más tiempo del permitido en la Constitución como urgentes y obvia resolución, sin embargo, para sancionar a los incumplidos se hacen de la vista gorda.
nueve municipios del estado se resistieron a entregar su Cuenta Pública Anual 2019 -una obligación marcada en la ley-, a pesar de que el tiempo finalizó el pasado 30 de abril.
Los municipios que incumplieron son: San Cristóbal de Las Casas, Siltepec, Tuxtla Chico, Belisario Domínguez, Acacoyagua, Acapetahua, Benemérito de las Américas, Huehuetán, e Ixtapangajoya.
Tanto la presidenta de la Comisión de Vigilancia en el Congreso Local, Ana Laura Romero Basurto, como Uriel Estrada Martínez, titular de la Auditoria Superior del Estado, parecen conformarse con el hecho de que 90 alcaldes y presidentas municipales, si hayan cumplido con el proceso de rendición de cuentas.
En tanto la sociedad desconoce si realmente todos los recursos otorgados a los ayuntamientos se han gastado en estricto apego a lo que marcan los reglamentos, leyes y programas; hoy todo es declaracionitis, perdón y abrazos.
Aunado a ello,
pese a la falta de claridad en el manejo de los dineros públicos, la Auditoria Superior del Estado, vía Congreso del Estado autorizo bajo el capitulo 4 mil transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, para destinar has un 25 por ciento del Fondo General de Participaciones a ayuda humanitaria por medio de la entrega de despensa, previa aprobación del cabildo municipal de cada ayuntamiento.
Recursos que sin duda deberán ser fiscalizados, pero no han dicho de que manera.