Denuncian a empresarios por venta de propiedades inexistentes

Un grupo de ciudadanos tuxtlecos denuncian haber sido víctimas de fraude por parte de tres empresarios que hasta la fecha se mantienen en calidad de "ilocalizables", lo que ocasiona que las denuncias formales interpuestas contra ellos no procedan ya que no hay manera de notificarles sobre las audiencias.

Las víctimas que en conjunto son más de 15 por lo que los fraudes ascienden a 70 millones de pesos, señalan que el modus operandi de estos empresarios es la siguiente;

1. Constituyen e inscriben ante el Registro Público de la Propiedad a las empresas "GCI, Líneas del Sur, Urban Group, inmobiliaria Umbrla del Sureste, inmobiliaria chiapaneca Ámbar.
2. Con esas empresas tramitan créditos para ejecutar los diferentes desarrollos, es decir, mediante un fideicomiso y o uniones de crédito.
3. Una vez obtenido el recurso las empresas correspondientes a cada desarrollo comienza la construcción y promoción de compraventa de los mismos.
4. Compradores de buena fe firman contrato de compraventa con la empresa, sin saber que el contrato no está inscrito ante el registro público de la propiedad.
5. Acto seguido, los compradores dan anticipo, continúan con pagos parciales y en algunos casos terminan de pagar, pero al momento de exigir escritura o darse cuenta que no hay casa construida se encuentran con la noticia de que la propiedad sigue siendo de la unión de crédito o del fideicomiso, es decir no tienen dinero ni vivienda ni tampoco pueden exigirlo pues con quién se firmó fue con la empresa constructora. Al no ser pagado el fideicomiso o crédito puente la propiedad es embargada.

Ante ello, expusieron dos casos en particular, uno de ellos, de una mujer de más de 70 años de edad, viuda y quien habría comprado un departamento con un valor superior al millón 200 mil pesos, no obstante, aunque la fecha máxima para la entrega del mismo era de seis meses, al darse cuenta de que el edificio no estaba concluido y pedir información sobre ello, supo que ninguna constructora se estaba haciendo cargo de la construcción.

Ante ello, exigieron una investigación exhaustiva, toda vez, que se teme que toda una red esté involucrados, no sólo los empresarios, también funcionarios del Registro Público y notarios.