Desafuero evidencia a funcionarios con pendientes con la justicia

Resurge a debate en las huestes políticas el tema del desafuero y es que son diversos los casos de servidores públicos, que se escudan en esta inmunidad que les confiere la ley en el desempeño de sus funciones como servidores públicos con cargos de elección popular para evadir la acción de la justicia.

El proceso de desafuero del hoy presidente de México Andrés Manuel López Obrador, es uno de los procesos legales más famosos en la historia mexicana que ocurrió durante 2004 y 2005 cuando entonces era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, al violar una orden judicial que exigía la suspensión de la construcción de una calle en un terreno expropiado años atrás por gobierno anteriores. Aunque los trabajos de la obra fueron suspendidos, se alegó que el cumplimiento de la orden había sido dilatorio y se responsabilizó directamente a López Obrador. El desafuero se consumó el 7 de abril del 2005, pero nunca se procedió en su contra. A pesar de que el desafuero procede en todos los delitos, esto en la mayoría de los casos no ocurre así.

 "Desde el momento en que la víctima hace la denuncia en contra de un funcionario público y que goza de inmunidad el ministerio público no puede llevarlo a judicializar hasta en tanto no tenga el desafuero de parte del Congreso de la Unión o del Congreso del Estado, que es la autoridad responsable de quitarle la inmunidad al funcionario público."

Las acusaciones que pesan sobre nuestros representantes populares son más graves aún, delitos de abuso sexual de menores, como es el caso del diputado federal por Morena, Saúl Huerta pero su caso será tratado en junio por el Congreso de la Unión para analizar el retiro o no del fuero. O el caso del Gobernador de Tamaulipas, el panista, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de operación con recursos de procedencia ilegal, defraudación fiscal y delincuencia organizada, caso por el cual los diputados se erigieron como jurado de procedencia para desahogar el juicio de procedencia en su contra.

En Chiapas, el Congreso local en 2015 quitó el fuero al entonces diputado migrante local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Roberto Pardo Molina, al estar vinculado a una manipulación de los comicios, en los que participó una empresa propiedad de su primo hermano.

Otro caso fue en 2010 el entonces presidente municipal de las Margaritas, Miguel Ángel Hernández, fue desaforado acusado de delitos del fuero común.

Cabe hace mención que en Chiapas desde el 2018 los diputados locales aprobaron la desaparición del fuero constitucional que incluye a partir del gobernador, diputados y demás servidores públicos, únicamente para el delito de corrupción.