El desplazamiento forzado en Chiapas, la fabricación de delitos (en su mayoría a personas indígenas), la falta de traductores de lenguas dentro de los penales o en instituciones de salud, es un claro ejemplo de discriminación y racismo, así lo calificó Rubén Moreno, defensor de los derechos humanos, quien señaló que estas prácticas se comenten, en su mayoría, por instancias y servidores de gobierno.
En pleno sigo XXI, aún se señala con desprecio a personas por su color de piel, por su lengua o por su estatus social y la falta de oportunidades generan un atraso en materia educativa y socioeconómica, ya que muchas veces, aunque una persona haya tenido la misma preparación académica a la hora de pedir un empleo, su apariencia física es un factor determinante para otorgárselo.
"En la práctica es muy diferente, en el 2011 tuvimos reformas a la constitución, grandes reformas que hubo en el 2011 en donde el artículo primero constitucional dice que la ley protege a todos, que se tiene que garantizar derechos sin distinción hacia nadie, sin embargo, esto no pasa, si realmente esto pasara ya estuviera siendo testigo, eso no está pasando".
A pesar de las reformas a la constitución, al empoderamiento de estas comunidades, la diferencia de ingresos laborales en la región entre trabajadores indígenas y no indígenas con un nivel de formación equivalente oscila entre el 27 por ciento y el 57 por ciento y es la discriminación la explicación de esta disparidad de ingresos.