Entre uno a tres meses se lleva la elaboración de un vestido de chiapaneca, esto de acuerdo al número de olanes que se necesiten, el tipo de tela que se requiera y qué tan bordado luzca el vestido.
Los precios pueden ir desde los 4 mil hasta más de 20 mil pesos, sin embargo, este costo es por mucho, inferior al trabajo y esfuerzo que se requiere para su elaboración, así lo explicó la señora Felipa de Jesús González, dueña de "Artesanías Portales", ubicada en el centro de Chiapa de Corzo.
"Es barato porque un traje de petatillo hay desde 7 mil 500... se hace uno que es todo rellenado todo el tul... hay uno que vale 18 mil, 20 mil pesos".
Sin embargo, actualmente la compra de trajes de chiapanecas es mínima pues debido a que muchas clientas sólo lo utilizan una vez al año, deciden rentarlo, lo que ha causado una crisis para quienes se dedican a su elaboración y han tenido que innovar, realizar y vender otros artículos, también regionales, esto para no perder la promoción a la cultura chiapacorceña.
En este sentido, artesanas invitan a la población en general acudir a este Pueblo Mágico el próximo domingo 15 de enero, en donde danzarán por todo el centro de esta ciudad en conjunto con los para chicos, asimismo, el próximo martes 17 de enero a partir de las 8 de la mañana, se espera la salida de diferentes grupos de chiapanecas quienes acudirán a la misa de las 9:00 horas en el Templo de Santo Domingo.
La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), de la Fiscalía General de la República (FGR), se declaró lista para recibir las denuncias que se pudieran generar sobre las campañas para la elección judicial que dieron inicio este domingo.
Entre los delitos electorales, que podrán ser sancionados por la FISEL están la compra o coacción del voto, el uso indebido de recursos públicos federales, condicionar la prestación de servicios o programas gubernamentales y la retención indebida de la credencial de elector.
Otras conductas ilícitas en las que pudieran incurrir los candidatos a magistrados, ministros y jueces, que podrán ser castigadas por la vía penal son utilizar dinero de procedencia ilícita, rebasar los montos aprobados por la ley para las campaña, por lo que se les impondrá de mil a cinco mil días de multa y de cinco a 15 años de prisión.
A las personas servidoras públicas que se les sorprenda haciendo proselitismo en horario laboral, amenacen a su personal para que participen en actos de campaña o les soliciten dinero con fines electorales, podrán ser sancionados con destitución e inhabilitación del cargo de dos a seis años, multa de 200 a 400 días y prisión de dos a nueve años.
La Fiscalía Electoral inició la difusión de mensajes en los tiempos oficiales de radio y televisión, así como en redes sociales, exhortando a la ciudadanía a denunciar los hechos ilícitos en materia electoral.
Si los ciudadanos son víctimas o testigos de algún delito electoral, pueden presentar sus denuncias de manera presencial en la Ventanilla Única de la FISEL, en las sedes de las 32 Fiscalías Federales de la FGR y mediante la página de internet fisenet.fgr.org.mx.
Para recibir orientación, está disponible FISETEL: 800 833 7233.
En esta elección del Poder Judicial de la Federación, se renovarán 881 cargos de jueces, magistrados y ministros.
En el Congreso del Estado, 35 legisladores y legisladoras aprobaron la iniciativa de decreto para reformar diversas disposiciones en el Código Civil del estado en cuanto a la pérdida de patria potestad en contra de feminicidas y aquellos que incurren en feminicidio en grado de tentativa, conocida como "Ley Monzón".
Juan Salvador Camacho, diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), explicó que quienes hayan sido sentenciados por feminicidio o tentativa de feminicidio perderán de manera automática la patria potestad, la tutela y el derecho de convivencia y es que ?dijo- los hijos e hijas de víctimas de feminicidio quedan en una situación vulnerable cuando son puestos bajo custodia del padre que cometió el delito o de alguno de sus familiares.
Estas circunstancias, puntualizó, los convierten en víctimas colaterales del feminicidio, sometiéndolos a un daño psicológico, social y económico irreversible.
Por otra parte, Elvira Catalina Aguiar, legisladora del Partido del Trabajo (PT), coincidió en que, al final de cuentas, quienes quedan en extrema vulnerabilidad son los hijos de las víctimas, quienes resienten las secuelas más crudas, sobre todo cuando quedan al cuidado de los agresores o familiares de estos.
La llamada "Ley Monzón", explicó, tiene la finalidad de eliminar las barreras normativas que enfrentan las sobrevivientes, las víctimas y sus familias en la búsqueda de justicia, la verdad y la reparación integral del daño.
De acuerdo a la Secretaría de Medio y Movilidad Urbana del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, al día reciben hasta 40 reportes de árboles que probablemente tengan de riesgo de colapsar.
Agregaron, que del total de reportes que han recibido en los últimos 10 días, sólo el 30 por ciento de los árboles han sido retirados al existir un riesgo, los cuales en coordinación con Protección Civil han realizado los trabajos pertinentes.
Indicaron, que el hecho que ocurrió al interior de un hotel hace dos semanas donde cayó una palmera y una persona perdió la vida, es lo que originado que la ciudadanía alerta de esta situación, así también, hacen un llamado a la ciudadanía para que den el mantenimiento correspondiente a los árboles que tengan al interior o exterior de su vivienda.
"Muchos de estos árboles están sembrados en las banquetas por los mismos ciudadanos, pero en ocasiones también olvidamos que nosotros somos quienes tenemos que dar este mantenimiento", explicó Jaqueline Acosta, Secretaria de Medio Ambiente y Movilidad Urbana de Tuxtla Gutiérrez.