Viven en la indefensión las y los desplazados de Aldama, Chilón, Oxchuc, Chenalhó, Chalchihuitán, Pantelhó, Ocosingo, Carranza, San Cristóbal, El Bosque, Zinacantán y Huixtán; las víctimas de la masacre en Acteal, las y los familiares de las personas asesinadas en los enfrentamientos por una disputa territorial en Aldama; los deudos de las víctimas de feminicidio y demás crímenes que se han registrado en Chiapas, ante la falta del funcionamiento de la Comisión de Atención de Víctimas en el Estado.
Carlos Daniel Conde Ramírez, abogado litigante, sostuvo que esta comisión debería de haber iniciado sus trabajos desde 2016, cuando se publicó en el Diario Oficial, sin embargo, tuvo que recurrir a un amparo en ese mismo año, debido a que el gobierno de Manuel Velasco, no había instalado la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
Ni siquiera existe un padrón del número de victimas de cualquier tipo de crímenes -cometidos por particulares o el Estado- registrados en Chiapas, y que deberían de recibir por ley, atención integral, disculpas públicas y la reparación del daño.
"No ha tenido las sesiones que por ley debería tener, en los periodos que lo tiene que tener y esto hace que también haya una falta de coordinación e todas las instituciones que tienen que intervenir para impartir la reparaciones del daño".