En total impunidad comercializan loros y pericos en Tapachula
Decenas de crías de loros nuca amarilla y pericos frente naranja son comercializados en el mercado San Juan, en Tapachula.
Los polluelos de escasas semanas de vida son exhibidos en diminutas jaulas donde se agitan y hacen ruido por el estrés de estar encerrados, con temperaturas mayores a los 38 grados.
"La pareja de periquitos está en $750. Los loros si están más caros, esos hasta en 2000 o 1500, depende", señaló una señora que también se dedica a la venta de frutas.
La mujer de unos 50 años de edad, dijo con total naturalidad que lleva varios años ofertando a estos animales silvestre sin ser infraccionada por alguna autoridad.
En el mismo pasillo del mercado, a unos cuantos metros, se encuentra un segundo puesto con especies protegidas. Ahí la cantidad de loros es menor, sin embargo aún constituye un delito ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
"La multa puede ir de 300 salarios mínimos hasta 15 años de prisión dependiendo del daño ambiental. Las 22 especies de psitáscidos en México están protegidas por la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y se encuentran en la lista de la Norma Oficial Mexicana 059 de SEMARNAT", explicó el biólogo José Alfredo González Gerardo.
De acuerdo al experto en vida silvestre, las crías son arrancadas de su hábitat en las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) como la Reserva de la Biósfera La Encrucijada, la Reserva de la Biósfera del Volcán Tacaná o de otras zonas que aún se encuentran con vegetación estable.
De marzo a junio es cuando se intensifica el tráfico ilegal de estas aves debido a que se encuentran en época de reproducción. Los métodos empleados para la colecta de crías incluyen la tala de árboles, la ampliación de las cavidades usados como nidos o jaulas trampas.
"Según cifras de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, 8 de cada 10 ejemplares saqueados mueren antes de ser adquiridos como mascotas", indicó González Gerardo.
Recordando que en esta cadena delictiva no solo quién extrae y comercializa especies protegidas infringe la ley, sino también el que compra. Y es un crimen que se castiga con multas económicas o hasta nueve años de prisión