Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, se sumó a la iniciativa para que se agreguen otros delitos dentro de la figura de extinción de dominio, sobre todo los relacionados a hechos de corrupción.
De lo que se trata, dijo, es de elevar a grado constitucional una serie de delitos como abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, cohecho y los delitos cometidos por servidores públicos contra la administración de justicia, para establecer la gravedad de este tipo de asuntos que la sociedad cada vez más reclama.
De esta manera, comentó Eduardo Ramírez, a través de la figura de extinción de dominio, serán confiscados aquellos bienes que hayan sido usados como instrumento o apoyo para cometer estos delitos y pasen a ser nuevamente patrimonio del estado mexicano.
Ramírez Aguilar explicó que esto es parte del compromiso con la ciudadanía, en el combate frontal contra la corrupción y la impunidad, toda vez que plantea la extinción de dominio de los bienes de funcionarios y ex funcionarios públicos, que se hayan obtenido por acciones de corrupción y tráfico de influencias.
Eduardo Ramírez señaló que el regresar el patrimonio al estado mexicano derivado del tráfico de influencias, va a dar como resultado satisfacer una demanda que la sociedad nos está exigiendo, además porque también alcanzará a terceros que se hayan prestado a ese tipo de encubrimiento de delitos.
Finalizó diciendo que la iniciativa de Reforma al artículo 22 de la Constitución, ya fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside, por lo que se procederá a su análisis.
Cabe señalar que en la Reforma del 2008 únicamente estaban tipificadoscinco delitos en los cuales procedía la extinción de dominio como era: la delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.