Familiares y sobrevivientes de esta matanza, exigen un informe de fondo, por parte del CIDH sobre los hechos, para que los daños provocados por el Estado, sean resarcidos, sin embargo a 22 años de este atentado, las autoridades no han brindado respuesta alguna, por ende, los afectados han manifestado desde el 2015, su rechazo a una solución amistosa por el Estado Mexicano, con este nuevo gobierno, dicha organización no se genera expectativas positivas, pese a decir que es un Gobierno que velará por los derechos de los pobres.
Además, concluyeron "Esa solución amistosa que han buscado los gobiernos, no nos devuelven a nuestros muertos, no borra el dolor, y no seca nuestras lágrimas, con ello no se puede secar ni tapar la sangre derramada"