Gobierno de la 4T no resuelve pendientes en Chiapas
Los casos pendientes en materia de seguridad en dos años no se han resuelto, especialmente en materia de feminicidios, indicó Karen Dianne Limón Padilla integrante de Iniciativas Feministas.
"Simulan una preocupación que no se traduce en acciones concretas, y en cuanto al tema de investigar de manera científica y profesional los delitos ni tampoco a la hora de prevenir la violencia por desgracia, es increíble que en el caso de las mujeres haya tantas instituciones y no hayan hecho nada".
Tan solo en 2020 se han registrado 164 muertes violentas de mujeres, de las que, se estiman 58 son feminicidios. Hay casos en Tuxtla Gutiérrez, de mujeres que fueron asesinadas desde el 2018 y aunque las familias realizan marchas y protestas estos crímenes siguen sin resolverse.
Se cumplieron dos años de la presente administración y aún hay temas sin atenderse, uno de ellos es el conflicto entre los pueblos de Aldama y Chenalhó, que lejos de resolver el secretario general de gobierno no atendió y ya se separó del cargo para supuestamente buscar una diputación federal.
"Son palabras nada más porque han estado violando mil veces ese pacto de no agresión y para mí es una impunidad lo que está sucediendo porque no se está aplicando el estado de derecho y para mí es impunidad".
Durante la pandemia los índices de inseguridad se han incrementado, según el Observatorio Nacional Ciudadano, en el trimestre de julio a septiembre se registraron 87 carpetas de investigación por violencia intrafamiliar en Chiapas, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
"El Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, este programa está destinado a la seguridad, proveer de recursos a instituciones locales, es el programa del que echan mano las policías municipales que de por sí presentan una serie de carencias".
Los delitos de alto impacto como robo a transeúnte, robo a vehículo, robo a casa habitación, secuestro, violación sexual, feminicidio entre otros, se han dado con violencia y en algunos casos por arriba de la tasa nacional.
Dos años han transcurrido y los pendientes podrían dejar en riesgo el próximo proceso electoral, las manifestaciones podrían intensificarse, en un estado de por sí con problemas económicos derivados de la recesión económica, y si dichas problemáticas no se atienden, los más afectados serán siempre las y los ciudadanos, que siempre pagan las consecuencias de todas estas manifestaciones.