Un grupo de 21 personas provenientes de Altamirano, escoltadas por elementos de la Guardia Nacional arribó a la capital Tuxtla Gutiérrez con el propósito de abordar los problemas derivados de lo que consideran un mal gobierno en su municipio. Los habitantes señalan a María García López, alcaldesa, y al síndico municipal Fernando Gabriel Montoya como los principales responsables de la inseguridad y la falta de apoyo a la comunidad, acusándolos de priorizar su propio bienestar.
La tensión en Altamirano se intensificó el 8 de agosto con el asesinato de una persona y cinco heridos, presuntamente vinculados al grupo de autodefensa "14 de agosto," el cual, según los inconformes, tiene relación con el síndico Gabriel Montoya. La comunidad, conformada por 250 ejidatarios y más de 9 mil personas, expresa su descontento con la situación actual en el municipio.
En busca de soluciones, el grupo llegó a la capital para negociar con representantes de los tres niveles de gobierno, buscando la destitución del actual gobierno municipal de Altamirano. La presidencia local es señalada por los habitantes como abandonada, y la comunidad exige cambios para restaurar la seguridad y recibir el apoyo necesario. La situación en Altamirano destaca como un reflejo de las tensiones políticas y sociales presentes en diversas regiones del país.