En los hechos es más que evidente que en la presente administración de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, si se comunica y hay apertura, lo cual no significa que haya más transparencia.
La estrategia de comunicación del gobierno federal cambió el modelo a través del cual se informa a los ciudadanos, pero en las mañaneras no todo es verdad.
De acuerdo al Instituto Nacional de Acceso a la Información, solo 5.6 por ciento de los ciudadanos ha hecho efectivo el derecho a la información.
Desde que comenzó esta administración, han aumentado
500% los recursos de revisión, es decir, la 'impugnación' que hace una persona cuando una solicitud de información no fue bien contestada, cuando una autoridad niega o limita el acceso a la información, entre otros motivos.
Está claro que el gobierno de López Obrador está reprobado y que incluso ha habido retrocesos en la transparencia como en la forma de ejercer el poder y hacer gobierno.
En Chiapas, para los diputados locales, el tema de ejercer con transparencia las cuentas públicas, que representa una demanda ciudadana, parece en lo hechos meramente un discurso político en el que siempre señalan que se aplicará la ley, sin embargo, la realidad es otra.
"Y lo más importante es que no permitan que se politicen los temas, creo que los temas no deben ser politizados, si alguien hizo mal uso del recurso que lo reembolse en dado caso proceda y que corrija lo que se tenga que corregir."
Las cosas no cambian aún en la Cuarta Transformación, a dos años de la presente administración de Andrés Manuel López Obrador, en la entidad Chiapaneca, todo es negociable políticamente hablando en lo que al tema de la transparencia municipal se refiere.
En su primer año de gestión, del auditor superior del Estado, Uriel Estrada Martínez, informó en nueve capítulos, en donde se detallan las 190 auditorías ejecutadas, de las cuales 59 correspondieron a los Poderes del Estado y 131 a municipios y sus entes públicos, obteniendo como resultado de dichas auditorías la emisión de tres mil 291 observaciones.
"Nos dimos a la tarea de ver que existían diversos asuntos del 2013 al 2017 que no tenían trabajo jurídico esto nos llevó a presentar 28 denuncias penales ante la fiscalía general del estado de 26 del ejercicio anteriores al 2017 específicamente del 2013 al 2017 y presentamos dos denuncias penales más por el ejercicio correspondiente al 2018."
Recientemente en su segundo informe las actuaciones de la Auditoría Superior refieren que se encontraron dos mil 337 actos que pudieran constituir en probables responsabilidades administrativas sancionatoria, las cuales luego de los procedimientos e investigaciones correspondientes serán remitidas a los Órganos Internos de Control o al Tribunal Administrativo, según corresponda.
El pueblo merece y requiere resultados positivos, todo debe ser transparente y con un lenguaje fácil de entender, a la fecha, se desconoce si se han sancionado o encarcelado incluso a funcionarios públicos por incumplir con el tema de la transparencia y la rendición de cuentas.